24 de febrero de 2017

Dujovne quiere un dólar por encima de los $ 19

El ministro de Hacienda busca que el tipo de cambio se actualice permanentemente para que "la economía puede trabajar adecuadamente".
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que con la cotización actual del dólar "la economía puede trabajar adecuadamente". No obstante, aclaró que todos los días buscan "mejorar la competitividad" y que se actualice con la inflación, que para este año será superior al 20%, según privados.
El funcionario explicó que el actual tipo de cambio a $ 16 "si se ajusta por la inflación, es más competitivo que el que recibió el presidente (Mauricio) Macri cuando asumió". En caso de que los precios sólo aumenten 20%, el mínimo de las consultoras, Dujovne espera un dólar a $ 19,20 para fin de año.
"Es algo que miramos permanentemente, pensamos que en este nivel la economía puede trabajar adecuadamente, pero todos los días nos enfocamos en mejorar lo que hace a la competitividad", aseguró el ministro en declaraciones a radio La Red.
Dujovne resaltó además que "en el último año y medio, la competitividad ha mejorado marcadamente" a partir del aumento del tipo de cambio y de la eliminación de las retenciones a las exportaciones de distintos sectores, que "significa una mejora adicional del 10%".
De todas formas, el titular de la cartera de Hacienda admitió que "en el mediano y largo plazo, la Argentina tiene que encarar una agenda de competitividad muy importante, en la que hay que mejorar los costos asociados a la infraestructura, los costos del capital y los costos laborales que no sean salarios". "Es toda una agenda que se empieza a ver una vez que baja la inflación y cuando los problemas más acuciantes que teníamos como el cepo o las expropiaciones, desaparecieron", añadió.
Consultado sobre las causas que llevaron a la baja del dólar en las últimas semanas, Dujovne lo atribuyó a que "la gente quiere más pesos" y también "porque en la Argentina están ingresando más inversiones". "Tenemos que empezar a concentrarnos en mirar el peso, y la relación entre el peso y la inflación. Por eso el Banco Central hoy fija tasas de interés más altas que la inflación para que no se licue el poder adquisitivo del peso. En esa lucha antiinflacionaria que tiene el Banco Central y en ese cambio cultural que está impulsando para que la gente empiece a ahorrar en pesos, gana atractivo y valor frente al dólar", explicó.
El destape
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Si le gusta un dolar a 20$ seguro que se va a dar el gusto .

Denuncian que Macri ya le había perdonado a su padre una deuda de 300 mil pesos

Era de una multa que estaba para ser cobrada y que, una vez con el macrismo en el Gobierno, se decidió no cobrar.

Entre 70 mil millones y 300 mil pesos, cualquier perdón es posible si se trata de negocios familiares: todo suma. Ahora denuncian que esa última cifra fue la que el Gobierno ya le había condonado al Correo Argentino.
Esta vez se trata de una multa de 300 mil pesos que estaba para ser pagada y que el gobierno de Mauricio Macri, en noviembre último, tomó la decisión de desistir de cobrar. El grupo conducido por Franco Macri, agradecido.
Diario Registrado
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Eran chauchas , pobre Macri , mira si le da un bobazo al viejo por esa nimiedad.

17 autos destruidos por un rayo en Córdoba

Los vehículos estaban estacionados en un playón de la localidad de La Cumbrecita, cuando, en medio de una fuerte tormenta que azotó la zona, fueron impactados por un rayo que daño sus sistemas eléctricos.


17 autos que se encontraban en la playa de estacionamiento del acceso al pueblo peatonal del Valle de Calamuchita, en la localidad cordobesa de La Cumbrecita, fueron destruidos por el impacto de un rayo.
El fenómeno ocurrió este jueves por la tarde, como parte de una gran tormenta que afectó a la zona, y deterioró el sistema eléctrico de los rodados alcanzados, de acuerdo con el medio local Cadena 3.
Los damnificados se encontraban a la espera del arribo de grúas, mientras que la Municipalidad de La Cumbrecita había dispuesto un colectivo para trasladar a los turistas afectados hacia Villa Carlos Paz y Santa Rosa.
"Fue otro de los fenómenos naturales que tenemos en La Cumbrecita; nunca había visto una cosa como esta, casi una veintena de autos sufrieron una centella", expresó, sorprendido, el intendente de La Cumbrecita, Daniel López.
Diario registrado
LA CORTE SUPREMA RESOLVIÓ QUE LOS DESPIDOS EN EL ESTADO NO SE DIRIMEN EN EL FUERO LABORAL SINO EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Guiño al Gobierno y contra los trabajadores
El máximo tribunal rechazó un planteo de empleados despedidos por Macri. Al salir de la órbita del derecho laboral, los trabajadores quedarán más desprotegidos. En el mismo fallo respaldó el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad.
Lorenzetti, Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda votaron a favor mientras que Highton votó en disidencia.
La Corte Suprema firmó un fallo contra un reclamo de empleados despedidos de la Autoridad federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) en el que establece que los juicios por despidos en el Estado no pueden tramitar en el fuero laboral, sino que deben ser resueltos en el fuero contencioso administrativo, que no cuenta con reglas procesales que protejan a los trabajadores y que es históricamente más permeable a las presiones y vientos políticos. La misma sentencia tiene un párrafo en el que el máximo tribunal se posiciona a favor del traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, una reforma impulsada por el oficialismo y resistida por parte de la corporación y los gremios judiciales. La decisión lleva el voto de todos los supremos menos el de Elena Highton de Nolasco. Fue firmada el martes, mientras el Gobierno denunciaba a dos camaristas laborales que le habían advertido que no podía interferir en la paritaria bancaria y un día antes de un nuevo paro judicial en contra del controvertido traspaso. 
La causa empezó con un recurso de amparo presentado por un grupo de empleados de la Afsca cuyos contratos -que eran temporales, en blanco pero por un año- fueron rescindidos el 30 de diciembre de 2015, con el recién llegado gobierno de Mauricio Macri. Los jueces de cámara del fuero laboral que estaban de turno durante la feria judicial incluso ordenaron reponerlos en sus cargos al considerar que sus despidos fueron arbitrarios y discriminatorios (por ser trabajadores nombrados con el kirchnerismo). Cuando volvieron los jueces titulares de la causa, de la sala VI, después de las vacaciones, anularon el fallo de sus colegas porque no había intervenido el fiscal pero afirmaron que el fuero laboral era competente. El Estado llevó esa discusión ante los jueces supremos. 
El fallo de la Corte dice que el conflicto en juego no sucede dentro de “la órbita del derecho del trabajo” o ni se rige por las reglas “del contrato de trabajo privado” sino por la Ley de Empleo Público. El voto de la mayoría señala que tampoco se invocan “demandas fundadas en los contratos de trabajo, convenciones colectivas o disposiciones legales y reglamentarias del Derecho del Trabajo”. Esta es la postura que firman el presidente supremo Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Highton de Nolasco firmó un voto en disidencia, a favor de los trabajadores y del fuero laboral. Desde el año pasado que la Corte viene firmando fallos contrarios a los reclamos de trabajadores. El que inauguró esta etapa de restricción de derechos fue un fallo contra un trabajador despedido del Correo tras una medida de fuerza: estableció que son ilegítimas las medidas de fuerza que adopten empleados que no estén agremiados y, por ende, sólo reconoció el derecho a huelga a los sindicatos. En otro caso, de noviembre último, los jueces de la Corte dejaron sin efecto un fallo de la Cámara Laboral que ordenaba la reincorporación de cuatro empleadas de planta de Lotería Nacional.  
La jurisprudencia laboral está dividida en la discusión sobre cuál es el fuero competente cuando se discuten despidos en el Estado. El fallo de la Corte apuntaría a arrastrar a los jueces que dudan y promover el cambio de posición de los que defienden la competencia laboral. “Lo que sucede es que si interviene el fuero contencioso administrativo, que resuelve casos donde el Estado es parte, es intentar poner a los trabajadores a litigar como si estuvieran en pie de igualdad con el Estado, que es su empleador. A nadie puede caberle la menor duda de que un trabajador despedido del sector público, aunque haya estado contratado, le caben todos los principios del derecho del trabajo”, explica Luis Padin, que integra la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio. “En contencioso hasta puede pasar que se responsabilice al trabajador por el régimen bajo el cual se lo contrató o por no quejarse, es absurdo, nadie puede decir que los trabajadores son cómplices”, agrega. 
Por sus propias reglas de procedimiento, la justicia laboral está imbuida de un principio que protege especialmente a los trabajadores y que parte de la base de que se encuentra en una situación de desigualdad con respecto al empleador. En el fuero contencioso administrativo rige el código procesal civil, que no contempla esa diferencia y contempla a los empleados públicos como si estuvieran en una posición de igualdad con su empleador. A eso se suma que los juicios laborales, aunque son lentos suelen ser más cortos. Señalan los especialistas consultados que se resuelven en un promedio de cuatro años mientras que en contencioso pueden durar más de seis o siete. Padin explica que hay fallos laborales de los últimos tiempos tienden “sumar jurisprudencia de protección de los trabajadores de las acciones discriminatorias, como cuando son despedidos por razones políticas; en contencioso no va a pasar y la Corte esquiva el tema”. 
“Lo que resolvió la Corte está en consonancia con la persecución a los camaristas Enrique Arias Gibert y Graciela Marino y con la intención del traspaso de la justicia del trabajo a la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es quitarle cada vez más injerencia a la justicia laboral. En este fallo, los jueces reafirman un precedente propio donde dicen que el fuero laboral es transitorio y pasará a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires (por lo que las causas quedarían en el contencioso)”, advierte Mariano Przybylski, abogado de los despedidos de Afsca. El proyecto de traspaso de la justicia nacional a la ciudad empezará por el fuero penal ordinario, pero luego irá arrastrando a los demás. En relación al fuero del Trabajo, a menos que quede un fuero residual, podría desaparecer. El propio Macri comenzó a demonizarlo públicamente el año pasado en un discurso en el cual dijo que “la justicia laboral debe ser más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte” (en alusión a los trabajadores) porque eso, advertía, “desalienta inversiones”. 
Desde el punto de vista político, la clave está en la disidencia de Highton y en un párrafo puntual del voto de la mayoría a favor de la postura estatal. La jueza invoca y suscribe como si fuera dicho por ella el dictamen de la Procuración General, firmado por Víctor Abramovich, que dice que en realidad la Corte no debería ni siquiera hacer lugar al recurso extraordinario planteado por el Estado porque para eso se lo debería estar privando del privilegio de que el juicio transcurra en un tribunal federal. Pero para el procurador fiscal el fuero laboral es claramente nacional, y no hay nada que discutir. En cambio el voto de la mayoría dice: “no corresponde equiparar a los tribunales nacionales ordinarios con los federales para dirimir cuestiones de competencia ya que no puede soslayarse que el carácter nacional de los tribunales ordinarios de la Capital Federal es meramente transitorio”. Eso significa un claro respaldo al traspaso de los tribunales impulsado por el Gobierno.
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¿Queda claro porque no la quieren en la corte?
LOS RADICALES RECIBIERON A LA CGT Y RECHAZARON ADHERIR A LA MARCHA DEL 7 DE MARZO
La UCR no acompaña a los trabajadores
Los sindicalistas visitaron el Comité Nacional en el marco de la ronda de reuniones para buscar apoyo a su movilización. “No es un año de hacer paro nacional ni este tipo de medidas”, retrucó José Corral, quien aclaró que forman parte del Gobierno.
Daer, Piumato, Plaini entre los dirigentes de la CGT. Corral, Ceballos y Martínez, por la UCR.
Fue una reunión con final cantado. La conducción de la CGT visitó la sede del Comité Nacional de la UCR en el marco de la búsqueda de adhesiones para la movilización del próximo 7 de marzo. Los radicales, socios del PRO e integrantes -al menos formalmente- de la coalición de Gobierno, rechazaron el convite. “La UCR no va a acompañar la marcha. Además, es un año electoral, pero bueno... los trabajadores tienen derecho a hacerlo”, trató de hacer equilibrio el titular del partido, José Corral. En tono diplomático, el integrante del triunvirato de la CGT Héctor Daer agradeció que fueran recibidos y contó que llegaron hasta el histórico edificio de la calle Alsina para explicarles “el derrotero del diálogo que tuvimos con el Gobierno y los motivos de la marcha”.
La ronda de reuniones de la CGT tuvo ayer su primer escala en un partido oficialista. Los líderes de la central obrera ya habían conversado con las autoridades del PJ, el Frente Renovador y el Partido Socialista, quienes expresaron su respaldo a la medida prevista para el 7 de marzo. Se trata del paso previo al paro general convocado para la segunda quincena de ese mes. Conscientes de que los socios de Macri no iban a prestar su conformidad con el reclamo sindical, Daer aclaró que la CGT no fue a “buscar que la acompañen”. “Vinimos a ver el mapa de la realidad como la vemos todos los argentinos, no importa desde qué prisma, y a través de un diálogo fecundo, buscar una solución”, añadió. Sobre la movilización, el sindicalista y diputado nacional definió: “Vamos a marchar porque creemos en otra instancia, haciendo uso de nuestro derecho, y venimos a decir que recorrimos todas estas instancias y llegamos a un punto en el que lo queremos expresar masivamente con los trabajadores”.
Corral le respondió que “es un derecho que tiene la CGT, pero el radicalismo no va acompañar”. El intendente de la ciudad de Santa Fe remarcó que la UCR es “parte de la coalición de gobierno” y consideró que “no es un año de hacer paro nacional ni este tipo de medidas, porque -según interpretó- estamos comenzando a salir de las dificultades”. Tras sostener que el radicalismo está “de acuerdo y a favor de todas las instancias de diálogo”, Corral enfatizó que les preocupa “cuidar el empleo, mejorar la producción y que el país empiece a ganar en competitividad y productividad para poder garantizar empleos genuinos”.
En línea con el discurso oficial, el jefe radical intentó mostrarse optimista respecto de la situación económica. “Este es el año en el que todos tenemos que hacer el esfuerzo para continuar con estos logros. Estamos reduciendo la inflación y de a poco se genera empleo genuino en el balance general, además de que queremos mejorar la situación de los trabajadores informales”, dijo Corral, a contramano de todos los indicadores económicos que en los últimos meses ratifican la tendencia de caída de la actividad y del empleo.
Si bien rechazaron la medida de fuerza, desde la UCR le reconocieron a la CGT que dieron un período de gracia de un año desde la asunción de Macri.  “Como parte de la coalición de gobierno, valoramos mucho la actitud que tuvo la CGT de dialogar, aún en la diferencia, y garantizar un primer año que fue muy difícil, porque hubo que tomar muchas medidas: el país está levantando una verdadera hipoteca”, subrayó Corral, que no perdió la oportunidad para deslizar una mención a la “pesada herencia”.
Hubo un mínimo espacio para la disidencia de la UCR respecto del discurso macrista. Se pronunciaron a favor de que “se discutan paritarias por arriba de la inflación estimada para el año y así los trabajadores recuperen poder de compra”. 
La presencia de dirigentes radicales en el encuentro fue acotada debido a que mañana tienen previsto el inicio una cumbre en Villa Giardino, Córdoba. Participaron entonces el senador Alfredo Martínez y el dirigente Walter Ceballos (cercano a Ernesto Sanz), mientras que por la CGT asistieron, además de Daer, los jefes sindicales Omar Plaini (Canillitas), Julio Piumato (Judiciales), Abel Frutos (Panaderos) y Francisco “Barba” Gutiérrez (UOM), entre otros. A los sindicalistas les queda pendiente un encuentro con el PRO, que se postergó por la visita de Macri a España. En este contexto, no quedaba claro si finalmente se concretaría. “Si nos quieren recibir, iremos”, remató Daer.
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STURZENEGGER ADMITIÓ QUE EL IMPACTO DE LOS TARIFAZOS COMPLICARÁ LA PELEA PARA BAJAR LA INFLACIÓN
“Vienen tres meses complicados para los precios”
En una conferencia ante especialistas en finanzas, el titular del Banco Central admitió que los próximos tres meses vienen con presión extra sobre los precios y los índices. No hay margen para relajar las tasas de interés, advirtió.
Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central. “La discusión paritaria debe centrarse en la inflación futura.”
El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, adelantó ayer que los próximos meses llegarán con complicaciones para la inflación. “Se vienen tres meses más delicados en materia de precios”, aseguró el titular de la autoridad monetaria. Afirmó que no hay margen para avanzar en una política de tasas de interés más relajada porque, sin importar qué ocurra con el mercado interno, la entidad se encuentra enfocada en cumplir la meta de inflación del 17 por ciento para este año. El funcionario habló en una conferencia del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) y dio precisiones sobre cómo piensa el Central que deberían evolucionar las paritarias. Mencionó también que el tipo de cambio no se encuentra apreciado, en línea con los argumentos planteados esta semana por el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. 
  “En los próximos meses, la corrección de precios regulados moverá al nivel general de la inflación algo por encima de lo que venimos experimentando, motivo por el cual el Central está tomando sus decisiones de política monetaria en pos de alcanzar un nivel de inflación núcleo que permita lograr el cumplimiento de las metas para el nivel general hacia fin de año”, indicó Sturzenegger. Y abrió el paraguas para los indicadores que se publicarán al cierre de este mes. “Les anticipo que en febrero estamos observando un repunte en la evolución de los precios. Por esto no vemos margen alguno para el relajamiento de la política monetaria (bajar la tasa de interés)”.
  El titular de la autoridad monetaria, pese a mostrar preocupación por el efecto de las tarifas para los próximos meses, insiste en la idea de que el proceso inflacionario es un resultado asociado con fenómenos monetarios. “Sin desequilibrios en el mercado monetario, la inflación tiene los días contados. Es desde este entendimiento que puede comprenderse la baja de inflación que ya ocurrió el año pasado y la que avizoramos para este año”, indicó. La imposibilidad de reconocer elementos estructurales como la puja distributiva que también intervienen en las tensiones de precios, según economistas heterodoxos, eleva el riesgo de cometer un grosero error de diagnóstico. El año pasado en el Gobierno estimaron una inflación del 25 por ciento y terminó en 41. Para éste, la meta es de 17 pero en el mercado la ubican arriba del 25 por ciento.  
  El presidente de la autoridad monetaria afirmó que este año las paritarias no tienen que centrarse en la inflación pasada sino en la futura. Usó el truco del promedio para “guiar” a los economistas sobre cómo medir el salario real. Aseguró que si un año la inflación sube al 20 por ciento y al otro 0 por ciento, con sólo incrementar los salarios el 10 por ciento al inicio del segundo periodo se consigue recuperar el poder adquisitivo porque el promedio de salario real para cada uno de esos dos años será idéntico.
  Las matemáticas es una de las herramientas más poderosa del ser humano pero no es una buena idea usarla para justificar la pérdida del poder adquisitivo de la población. El periodista económico Enrique Silberstein se mofaba de los “especialistas” que hacen gala de esta herramienta para justificar cosas sin sentido. Una frase que resume su argumento es la que sigue: “para un economista si una persona tiene los pies en el horno, y la cabeza en el freezer, en promedio está a la temperatura ideal”. El argumento de Sturzenegger pierde sentido incluso cuando se lo busca continuar en el tiempo: si el año 3 suben los precios al 20 por ciento y en el año 4 al 0, negociando de nuevo un 10 por ciento de incremento salarial el trabajador termina el último año con un salario real en promedio mucho más bajo que el del año 1.
 Los bancarios consiguieron un ajuste de 24 por ciento, con la consigna de recomponer lo perdido en 2016. Pero el Central le resta importancia a los antecedentes. “La discusión paritaria hoy gira en torno de las metas de inflación y no sobre la inflación pasada. Esto lo vemos como un logro”, insistió ayer Sturzenegger.
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PROTESTA DE ORGANIZACIONES SOCIALES POR EL RECORTE DE PLANES DE TRABAJO
“No vamos a dejar de luchar”
La Corriente Clasista y Combativa se movilizó en el Obelisco y otros puntos del país. Logró una reunión en el ministerio conducido por Jorge Triaca que continuará hoy. Esperan que les confirmen una marcha atrás con el recorte de beneficiarios.
“Vamos a hacer cumplir nuestros derechos en la calle”, advirtió Juan Carlos Alderete, líder de la CCC.
Al igual que los militantes de Barrios de Pie a principios de semana, integrantes de la Corriente Clasista y Combativa lograron con movilizaciones y concentraciones callejeras en diferentes puntos del país y en el Obelisco que el Ministerio de Trabajo escuche sus reclamos sobre los ajustes que preveía aplicar a planes sociales destinados a trabajadores de la economía social. Dirigentes de ese movimiento esperan que este mediodía las autoridades de esa cartera confirmen la promesa de dar marcha atrás con el recorte de beneficiarios que les hicieron en una reunión ayer. “Vamos a hacer cumplir nuestros derechos en la calle”, advirtió Juan Carlos Alderete, el referente de esa organización.
Tal como lo anunciaron días atrás, la jornada de ayer fue la elegida por la CCC para desarrollar protestas callejeras por recortes de beneficiarios en los planes Construir Empleo y Trabajo Autogestionado, dependientes de la cartera que dirige Jorge Triaca, y la reglamentación de la Ley de Emergencia social, aprobada en diciembre pasado y pendiente de aplicación. Reclamos similares impulsaron a la calle a militantes de Barrios de Pie, otro de los movimientos populares que impulsó, junto con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular el proyecto de ley que asigna 30.000 millones de pesos en tres años para las poblaciones más vulnerables y exige la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC) y el Registro de Trabajadores de la Economía Popular. 
“Este gobierno no solo quiere recortar, sino que pone trabas permanentemente en la aplicación de la ley de Emergencia. Pero nosotros no vamos a dejar de luchar, vamos a hacer cumplir nuestros derechos en la calle”, afirmó Alderete. Pasado el mediodía de ayer, mientras copaban el Obelisco tras marchar desde Avenida de mayo y 9 de Julio, el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Miguel Ponte, los convocó a un primer encuentro. Fuentes de la cartera explicaron que los planes en cuestión “no fueron dados de baja, sino que se deben presentar los proyectos para que éstos puedan ser abonados, tal como le pedimos hace dos días a Barrios de Pie”, según consignó la agencia estatal Télam. Alderete calificó la información de “mentira tremenda”. “Culpan a las organizaciones de no presentar proyectos, pero hoy llevamos toda la documentación que certifica que sí fueron presentados y que es el ministerio el que demora tres, cuatro, cinco meses en aprobarlos. Ellos lo reconocieron”, sostuvo el dirigente. 
La CCC, al igual que Barrios de Pie el martes, denunciaron que la cartera dejará de pagar a 20 mil personas que estaban incluidas en los programas, entre los que hay 2.500 trabajadores de esa organización. Alderete adelantó que el encuentro ingresó en un cuarto intermedio tras el compromiso de los funcionarios de “aprobar los proyectos pendientes y emitir un pago provisorio en marzo” a los beneficiarios en vilo. Ninguna definición obtuvieron, en tanto, en relación a la reglamentación de la ansiada ley. La semana pasada, dirigentes de la CCC, de Barrios de Pie y de la CTEP mantuvieron una reunión con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en la que se avanzó en ese sentido. Sin embargo, los diálogos continuarán en un nuevo encuentro, que sucederá el próximo jueves. 
La manifestación callejera de la CCC, que se extendió hasta pasadas las 16 cuando “debido al calor sofocante” la dirigencia decidió levantarla, provocó las críticas del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien en declaraciones radiales se mostró comprensivo con el “malhumor de la gente” que debía transitar y responsabilizó a la herencia dejada por los gobiernos kirchneristas: “después de 12 años de libertinaje total no se pueden sacar los piquetes de un día para el otro”. Alderete le respondió: “Estamos hartos de que nos mientan, estamos hartos de hacer piquetes. Queremos trabajar y el ministerio de Trabajo en vez de ayudarnos defiende a los grandes empresarios. Lamentablemente tenemos que salir a reclamar de esta manera porque no hay otro modo de que el Gobierno nos escuche”. Al igual que Barrios de Pie y la CTEP, la CCC confirmó su acompañamiento al paro docente del 6 de marzo, a la movilización de la CGT del 7 y al paro de mujeres del 8, y ratificó su movilización por Tierra, Techo y Trabajo, que tendrá lugar el 13 del mes próximo. 
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 LA PRIMERA LECCION

 Los docentes se movilizarán al Palacio Sarmiento el 6 de marzo y al día siguiente se sumarán a la marcha convocada por la CGT.
Tal como venían las cosas, era imposible que no pasara: los docentes votaron un paro nacional de 48 horas para el inicio de las clases, el lunes 6 y martes 7 de marzo. La decisión del Gobierno de eliminar la paritaria federal que se realizaba todos los años desde el 2008 -en la que se acordaba el piso salarial de todos los maestros del país-, empujó a los cinco sindicatos docentes nacionales a lanzar el plan de lucha. Huelga de 48 horas y adhesión al paro internacional de mujeres del miércoles 8, la primer semana; jornadas informativas con los padres, la segunda; en caso de que no haya respuestas, un nuevo paro de 48 horas para la tercer semana, con una marcha a la Plaza de Mayo. 
Los docentes se movilizarán al Palacio Sarmiento el 6 de marzo y al día siguiente se sumarán a la marcha convocada por la CGT.
Cambiemos, a través del equipo la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, reaccionó atribuyendo una intención desestabilizadora a los gremios. “Están en acción de guerra” contra el presidente Mauricio Macri y Vidal, acusó el director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro. 
Sin embargo, los dirigentes docentes señalan que, desde que la paritaria nacional existe, nunca pasó que ni siquiera quisieran convocarla. 
“El responsable de que no empiecen las clases es el Gobierno”, dijo la titular de Ctera, Sonia Alesso, a PáginaI12. “El año pasado, cuando el gobierno era el mismo, y los que estamos al frente de los gremios éramos también los mismos, las clases comenzaron normalmente, porque la paritaria nacional se hizo. ¿Qué hay de diferente este año? Eso es lo que deberían explicar”. 

Aunque estalló ahora, por el comienzo de las clases, el conflicto atravesó los tres meses del verano, cargándose. En diciembre, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, reunió a los sindicatos docentes y les anunció que no iba a haber convocatoria a la paritaria federal. Entre las razones que esgrimió, aseguró que las provincias le habían pedido al Presidente que no se hiciera porque les generaba complicaciones (básicamente, por poner en el sueldo inicial un porcentaje de aumento que no podían trasladar al resto de los salarios). Pero el argumento se sostuvo poco, prácticamente nada, porque que varios gobernadores salieron a reclamarle al Ejecutivo nacional que no se desentendiera de las negociaciones, una suerte de primer escudo frente al reclamo de recomposición de los sueldos docentes; los maestros tienen una discusión salarial en dos tramos, primero con el Estado nacional para fijar el piso que cobrará un maestro en cualquier lugar del país, y luego en las provincias, que negocian el resto de la escala. Los gobernadores saben que sin el primer paso resuelto, el segundo será más problemático; además temen que la Nación, tras hacerse a un costado, los deje sin financiamiento.  
Como un segundo elemento del conflicto se sumó la pretensión oficial de ponerle un techo del 18 por ciento a las paritarias estatales. Aunque algunos pensaban que era cosa superada, ayer el presidente Macri, desde España, lo reforzó, al insistir en que ese porcentaje es suficiente y adecuado a la inflación que prevé el equipo económico para 2017 (ver página 9).  
Para los gremios, en cambio, un aumento que devuelva a los salarios el poder de compra que perdido en 2016 y los deje en paridad con la inflación debe ubicase casi en el doble, en un 35 por ciento. El planteo no es sólo de la Ctera, sino de la totalidad de los sindicatos de la educación. El paro de 48 horas fue coordinado por los estatales de Ctera, los privados del Sadop, los técnicos de Amet, más CEA y UDA.
“La situación de los docentes, incluidos los privados, es muy grave. No tenemos asegurada la recomposición del salario porque no hay convocatoria a la paritaria federal. Ante el no diálogo, ante el cierre de la puerta de la negociación por parte del gobierno nacional, la respuesta no puede ser la resignación”, dijo ayer Mario Almirón, titular del Sadop.
En las paritarias docentes provinciales, que tratan de avanzar con el inicio de las clases encima, no hay acuerdo. Hasta ahora no hay ninguna provincia que tenga garantizado el comienzo a término”, apuntó el secretario de prensa de Ctera, Alejo Demichelis.

Las medidas de fuerza van a arrancar con el paro del 6 y 7. El lunes 6 van a marchar al Palacio Sarmiento; el 7 se sumarán a la marcha al Ministerio de Industria convocada por la CGT. 
La Ctera anunció además su participación en el paro internacional de mujeres del miércoles 8. La semana siguiente hará actividades informativas en todas las provincias, como reuniones con los padres. En caso de no tener todavía respuestas, para la tercer semana llamarán a un nuevo paro de 48 horas con marcha federal educativa a la Plaza de Mayo junto a los universitarios y los científicos del Conicet. Los dirigentes hablan de la paritaria federal como una instancia innegociable. “Trajo equidad en los salarios”, apunta Gerardo Alzamora, del Sadop.
“Hay un tema de igualdad que depende de la paritaria, que fue una herramienta que logramos después de una gran crisis en el 2003. En ese momento había una desigualdad absoluta. En algunas provincias los docentes ganaban 3 ó 4 veces más que en otras. Este había sido uno de los resultados de las políticas del menemismo en los ‘90, que traspasó las escuelas a las provincias, pero sin presupuesto. A partir de entonces, cada gobernador pagó lo que pudo; la Capital Federal puede afrontar determinados sueldos que Formosa no. Terminamos con una disparidad enorme en los sueldos, y a eso vamos a volver otra vez si eliminan la paritaria nacional. Hay provincias que ya dicen que el 18 es el techo; y la verdad es que hay algunas que pueden quedar bastante por debajo, porque van a dar lo que puedan dar”.   

¿Qué hay de diferente este año? Para Eduardo López, de UTE-Ctera, “una decisión política del gobierno de Cambiemos”. El dirigente saca del bolsillo un cálculo del CEPA (Centro de Economía Política Argentina): “El costo fiscal de aumentarle a todos los docentes del país un 35 por ciento es de 50 mil millones de pesos”. Después le agrega un poco de pimienta:  “ Un costo inferior a lo que el presidente se quiso condonar en el Correo,  70 mil millones”. 
“Con los 20 mil que nos quedan a cuenta, podríamos recuperar varias de las cosas que ajustó: todos los programas sociodeducativos que discontinuaron, la entrega de libros gratis, las radios escolares, el plan Conectar Igualdad, el programa de formación docente”. 
Alesso completa: “Creo que hay dos intenciones políticas: la primera es poner un techo a las negociaciones salariales de todos los trabajadores, usando como elemento disciplinador el conflicto docente. La segunda, grave, es dar marcha atrás con todas las políticas públicas que tienen que ver con el financiamiento educativo. Esto empezó con desarmar el Conectar Igualdad, la transferencia del Canal Encuentro, la decisión de desarmar las orquestas infantiles, el programa de educación sexual integral, el despido de los compañeros que trabajaban en la formación permanente de los docentes, la subejecución del presupuesto educativo, la entrega a las empresas del contenido de la educación técnica, la desaparición de lo que tenía que ver educación y derechos humanos. Esto es un programa que apunta a desresponsabilizar al Estado nacional no sólo de los sueldos, sino de todo el funcionamiento de la educación”. 
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23 de febrero de 2017

MACRI TUVO QUE DAR EXPLICACIONES EN ESPAÑA
El precio de tener presa a Milagro Sala
Como en cada lugar al que va, el Presidente se vio obligado a responder por la detención de la dirigente social. Insistió en que el caso "está en manos de la Justicia de Jujuy", a la que consideró "un Poder independiente". Macri no contestó el petitorio de Podemos en favor de la líder de la Tupac Amaru.
En su visita a España Mauricio Macri sigue pagando un alto precio por mantener presa a Milagro Sala. Además de los reclamos de la oposición española y las protestas que hubo en Madrid por la liberación de la dirigente social, el Presidente se vio obligado hoy a dar explicaciones durante la conferencia de prensa conjunta que brindó con el primer ministro de ese país, Mariano Rajoy. "Es un tema que está en manos de la Justicia de Jujuy, que es un poder independiente", recurrió a su habitual latiguillo para tratar de quitarle toda connotación política a la detención de la líder de la Tupac Amaru. Eso sí, cuando le preguntaron por el venezolano Leopoldo López, afirmó que es un preso "político" y que en Venezuela "no se respetan las garantías individuales", y hasta llegó a decir que la defensa de los derechos humanos es una de "las banderas en las que creemos".
Por segundo día consecutivo, el tema de la detención de Sala se coló en la agenda de la visita de Macri a Madrid y no de la mejor manera. Ayer el Presidente no tuvo la mejor de las recepciones en el Congreso de los Diputados de España.  Algunos legisladores lucieron allí una remera con la inscripción “Liberen a Milagro” en la sesión especial en la que dio su mensaje y diputados del bloque le entregaron una carta en la cual le pidieron una reunión para que informe sobre la situación de la dirigente social que lleva más de un año presa a pesar de las resoluciones de la ONU y de la OEA a favor de su liberación.
Macri no tuvo que lidiar sólo con el reclamo por la liberación de Sala, sino también con la denuncia que la cúpula de la fuerza progresista Podemos hizo en el Parlamento español sobre los ajustes, despidos masivos y persecución política impulsados durante su gestión. “En vez de combatir la pobreza, combate a los pobres”, advirtió el diputado y secretario de esa fuerza, Iñigo Errejón.
La conferencia de prensa con Rajoy le deparó otro mal trago. “El único ruido que tenemos es que nos saquen sistemáticamente los mejores jugadores y entrenadores de fútbol”, arrancó Macri con una de sus ya recurrentes apelaciones futboleras, en referencia a la relación con España, pero a poco de andar se enfrentó a la pregunta sobre la situación de Sala. Es algo que le pasa en cada lugar al que va desde que la ONU instaló en caso en el plano internacional al advertir en una resolución que el arresto de la dirigente social jujeña es “arbitrario” y que debe ser puesta en libertad.
Del reclamo de Podemos por Sala, Macri se limitó a decir que “me entregó una petición un integrante del partido muy educadamente en un sobre”. Pasó por alto que no contestó esa petición, como reveló en diálogo con la AM 750 el eurodiputado de esa fuerza Xabier Benito Ziluaga, quien remarcó que “la mejor respuesta que puede dar es la liberación de Milagro Sala”.
Macri tampoco respondió la pregunta sobre Sala que le hicieron en la conferencia. O mejor dicho, contestó lo de siempre: “Es un tema que está en manos de la Justicia de Jujuy, que es un poder independiente, que por suerte ha tramitado una apelación, y se la han concedido, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras se tramitan una cantidad de juicios y denuncias que tiene la señora Milagro Sala.”
Sin apartarse de su libreto habitual, el Presidente explicó que “también hemos invitado a organizaciones de derechos humanos que tenían dudas a que vengan” que “han aceptado y van a venir en mayo”. “Se reunirán con las autoridades judiciales de Jujuy y mirarán ellos con sus propios ojos qué es lo que se está haciendo”, agregó Macri y, en una primera persona que se contrapone con la declamada independencia de la Justicia jujeña, remató: “Espero que todas estas cosas que hemos hecho den tranquilidad de que en la Argentina la Justicia funciona y en forma independiente.”

Venezuela

Macri, en cambio, consideró sin tapujos que Leopoldo López es un preso “político”.  Fue cuando preguntaron si con Rajoy habían hablado de que el Mercosur le aplique la “cláusula democrática” a Venezuela. “Hemos compartido la enorme preocupación de lo que está sufriendo el pueblo venezolano, que cada día las cosas están peor. No se respetan los derechos humanos, las libertades individuales, como hemos visto con la condena a Leopoldo López y tantos otros presos políticos”, manifestó el Presidente.  “Seguiremos batallando para intentar defender el legítimo derecho que tiene el pueblo venezolano para elegir a sus autoridades”, prometió luego, como si en Venezuela no hubiera elecciones, y añadió: “Esperamos seguir intentando levantar las banderas en las cuales creemos, de los derechos humanos y la libertad, que hoy en Venezuela han sido cercenadas.”

Paritarias

A horas de la reunión paritaria entre las autoridades y los docentes bonaerenses, Macri defendió la propuesta de aumento del 18 por ciento que hizo la gobernadora María Eugenia Vidal. “Es un punto arriba de la meta del Banco Central”, argumentó.
Macri explicó que “el Banco Central se ha comprometido con metas de entre el 12 y el 17 por ciento para este año”. Aseguró que “las paritarias son libres y cada uno acordará en su sector lo que decida”, pero no dejó de señalar: “Yo les digo a todos tengamos en cuenta esas metas.”
A propósito de metas, esta vez no fijó una semestral –como aquella de que a partir del segundo semestre del 2016 pasado todo sería mejor- sino a dos décadas. “Todos tenemos que ayudar a reducir el déficit fiscal. Ese es el camino que nos va a llevar a crecer durante 20 años. Si crecemos durante 20 años ahí realmente vamos a estar cerca de terminar con los argentinos que estén en la exclusión e incluirlos dentro de un sistema que dé oportunidades de progreso para todos”, planteó. Lo de la pobreza cero que prometió en campaña quedará entonces para más allá del 2037.
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OTRA DENUNCIA CONTRA EL PRESIDENTE
Por decreto, Macri vendió 53 propiedades del Estado
Dos ciudadanos presentaron una denuncia penal contra Mauricio Macri por decretar la venta de diferentes inmuebles, sin la autorización del Congreso y amparado en una ley de la dictadura que perdió vigencia hace seis años.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, sigue acumulando denuncias en Tribunales. Esta vez, lo acusaron de poner a la venta 53 inmuebles públicos sin autorización del Congreso, tal como lo marca la Constitución. En total se trata de más de 50 hectáreas, la mitad ubicadas en Puerto Madero.
Los abogados Rafael Klejzer y Jonatan Baldiviezo, integrantes de Izquierda Popular, radicaron la denuncia en  el Juzgado Federal Nº 10 por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Además pidieron que se dicte una cautelar para frenar la subasta de tres inmuebles programada para el mes de marzo en el Banco Ciudad. 
En los fundamentos de los tres decretos firmados en 2016, a través de los cuales el Ejecutivo dispuso la venta de 53 inmuebles, se sostiene que la enajenación está amparada por la ley 22.423, “sancionada” durante la última dictadura cívico militar. Klejzer y Baldiviezo advirtieron que esa ley está vencida desde hace seis años, y que además cuenta con jurisprudencia en su contra. 
De hecho, la jueza en lo Contencioso Administrativa del Juzgado Nº 19 de la Ciudad de Buenos Aires, Andrea Danas, ordenó suspender la subasta del inmueble donde se encuentran las instalaciones del Instituto Antártico Argentino, invocando la nulidad de la normativa. Los trabajadores del Instituto lograron frenar su venta, luego de que denunciaran que no sólo el edificio poseía valor patrimonial –es un petit hotel de estilo francés- sino que también se ponía en riesgo todo el acervo investigativo sobre la Antártida que está contenido en una biblioteca de más de 10 mil volúmenes.
“Son ventas absolutamente ilegales, el Presidente no tiene facultades para vender tierras de la Nación y necesita sí o sí autorización del Congreso”, explicó Baldiviezo. “Los tres decretos se fundan en una ley que ha perdido vigencia. Por lo tanto, el Presidente se está arrogando facultades del Congreso, haciendo uso de una norma que perdió vigencia hace más de seis años, constituyendo un verdadero abuso de autoridad”, amplió el abogado.
Entre los inmuebles que Macri quiere vender hay de todo: residencias de embajadores en el exterior, dos complejos de canchas de fútbol, un centro de salud mental porteño (que aseguran seguirá funcionando), un boliche del Conurbano, tres oficinas que alguna vez fueron utilizadas por la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), una ex casa tomada y un inmueble utilizado para la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura.
El Ejecutivo quiere enajenar también casi 92 mil m2 de terrenos ferroviarios en el barrio de Retiro, que serán destinados a construir un complejo de oficinas y viviendas de alto nivel. El predio en cuestión es conocido como Empalme Norte y está ubicado entre las avenidas Antártida y Madero, y Cecilia Grierson y las plazas de Retiro. En la jerga inmobiliaria lo denominaron como el Catalinas Norte II. La Legislatura porteña ya avanzó con su rezonificación, aun cuando ni siquiera fue subastado, para que una vez vendido el negocio esté al alcance de la mano.
Según los abogados denunciantes, estas tierras están predestinadas para quedar en manos de las “grandes constructoras y desarrolladoras inmobiliarias -también amigos del Presidente- y sus socios, como Eduardo Elzstain (dueño de IRSA S.A.) y Nicky Caputo”, quienes ya son propietarios de gran parte de un terreno aledaño conocido como Catalinas Norte, vendido en 2009 por el entonces jefe de Gobierno porteño. 
Durante su jefatura del Gobierno, Macri recurrió en varias ocasiones a la venta de inmuebles estatales. Según un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad, entre concesiones y ventas, el PRO cedió al mercado más de 300 hectáreas en una Ciudad que padece una crisis habitacional que afecta a más de medio millón de personas. 
En 2012, la Legislatura aprobó la venta de 23 inmuebles considerados “innecesarios para la gestión”, cuyo dinero sería utilizado para poner en valor el Teatro San Martín, entre otras cuestiones. Las obras en el San Martín fueron el eje de varias disputas, ya que llevan un retraso importante, con salas cerradas desde enero y sin fecha de reapertura confirmada.
Un año después, en noviembre de 2013, la Legislatura volvió a tratar un proyecto enviado por Macri, que proponía la venta de 40 inmuebles, también considerados innecesarios. El dinero sería destinado en partes iguales para los ministerios de Educación y de Salud, “a efectos de garantizar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura educativa y sanitaria respectivamente”. Sin embargo, los problemas en ambas áreas continuaron e incluso se profundizaron.
En materia educativa, varias escuelas denunciaron problemas graves de infraestructura. Además la Ciudad atraviesa una crisis crónica por falta de vacantes irresuelta. De hecho, el ministerio reconoció que este año más de 11 mil chicos se quedaron sin lugar en la escuela pública.
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DIPUTADOS DEL FPV-PJ HICIERON UNA PRESENTACIÓN PARA DESPLAZAR AL PRESIDENTE POR EL ESCÁNDALO DEL CORREO
Pedido de juicio político para Macri
Unos 15 legisladores, incluido el titular del PJ, José Luis Gioja, acusaron a Macri de violar la ley de ética pública, perjudicar al Estado y realizar negocios incompatibles con la función pública. Bossio, Pichetto y Urtubey rechazaron ese planteo.
El bloque de Diputados del FpV busca “que se tome real dimensión” sobre el escándalo del Correo Argentino.
r el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, un grupo de diputados del Frente para la Victoria presentó ayer un pedido de juicio político contra el presidente Mauricio Macri. La iniciativa lleva la firma del jefe del titular del PJ, José Luis Gioja, y se basa en el dictamen de la fiscal de la Cámara Civil y Comercial, Gabriela Boquín, según el cual el perjuicio para las arcas del Estado tras la condonación de la deuda al grupo Sociedades Macri (Socma) treparía hasta los 70 mil millones de pesos. Los 15 diputados firmantes del pedido de juicio político argumentan que al acordar esa quita con el grupo empresario de su familia, el Presidente vulneró la ley de ética pública e incurrió en los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública y negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública. El proyecto generó, a poco de andar, posiciones encontradas al interior del propio peronismo: lo rechazaron el diputado del Bloque Justicialista, Diego Bossio, y el jefe del bloque del FpV-PJ en el Senado, Miguel Angel Pichetto. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se sumó a las voces críticas y aprovechó para confrontar con Gioja: “Debo decir que no representa a todo el PJ”, dijo sobre la iniciativa.   
El pedido de juicio político contra el Presidente fue presentado ayer y cuenta con la firma de 15 diputados del FpV-PJ. Entre ellas, la del vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, Lautaro Gervasoni. Esa comisión está presidida por el macrista Alvaro González, el primer escollo que deberá enfrentar el proyecto para prosperar, lo que a priori parece cuesta arriba. Para ser aprobado, el juicio político necesita el acuerdo de las dos terceras partes de ambas cámaras. Aunque lograra sumar a todos sus diputados, con posiciones encontradas en varios temas, el peronismo no alcanzaría ese número. Una iniciativa similar, presentada por diputados de Cambiemos contra la procuradora Alejandra Gils Carbó, duerme en los despachos desde hace varios meses. El último juicio político contra un presidente había sido presentado por el ex diputado Carlos Soria a mediados de diciembre de 2001, contra Fernando de la Rúa. 
Pese a las dificultades, desde el FpV-PJ sostuvieron ayer que la presentación busca “que se tome real dimensión” sobre el escándalo del Correo Argentino, que según evaluaba uno de los diputados firmantes, “pegó en la línea de flotación del Gobierno y hay una exigencia real de la población de mayores explicaciones”. La firma de Gioja, además de darle volumen político, buscó mostrar un apoyo partidario a la presentación. 
El diputado entrerriano Julio Solanas, quien presentó formalmente el escrito, dijo que la motivación fue “haber escuchado a muchos argentinos y argentinas que nos han pedido que hagamos algo ante estos hechos graves”. “Macri está más preocupado y concentrado en llevar adelante un plan de negocios para beneficiar a su familia y amigos, que en llevar adelante un programa de políticas públicas en favor del pueblo”, sostuvo. 
En la presentación, los diputados del FpV-PJ sostuvieron que Macri “ha tenido una doble finalidad delictiva: por un lado dañar el patrimonio del Estado Nacional despojándolo, de forma abusiva, de un crédito contra la concursada; como asimismo, procurar un enriquecimiento indebido por parte de Correo Argentino”. Y agregaron, además, una lista de irregularidades como el decreto que permite a familiares de funcionarios ingresar en el blanqueo de capitales; la venta de las acciones de la empresa de vuelos privados MacAir (controlada por Socma) a la colombiana Avianca; la adjudicación al empresario amigo del Presidente, Nicolás Caputo, de una obra civil para la instalación de un reactor nuclear, y la defensa de los negocios inmobiliarios relacionados con el magnate inglés Joe Lewis en El Bolsón, entre otros.
Algunos de los delitos citados en la presentación están siendo investigados por el juez federal Ariel Lijo, quien lleva adelante la causa en la que están imputados, además de Macri, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones y firmante del acuerdo, Juan Mocoroa, y su jefe, el ministro Oscar Aguad, quien al ser interpelado el martes en el Congreso sostuvo que era “muy probable” que el Presidente estuviera al tanto de las negociaciones.
A eso se refirió Bossio ayer al rechazar la iniciativa. “Está actuando la justicia. No creemos que el juicio político sea el camino”, dijo. “Me parece una medida extrema”, coincidió el jefe del bloque de senadores del FpV-PJ, Miguel Ángel Pichetto, cuyas declaraciones sonaron casi como un apoyo al presidente. “El recurso de un juicio político tiene que tener hechos de una envergadura de alta gravedad”, dijo. “Ante el pedido de juicio político a Macri, siento la obligación de manifestar que quienes lo realizaron no representan a todo el PJ”, sostuvo, por su parte, el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, para quien la iniciativa “sólo produce daño” al peronismo y lo “aleja de los problemas reales”.
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EL CONGRESO LE PIDIÓ AL ORGANISMO DE CONTROL QUE HAGA UN ESTUDIO ESPECIAL DEL CASO
Una auditoría para el Correo Argentino
La bicameral revisora de cuentas le encargó a la AGN que evalúe la actuación del ministro Aguad, calcule el monto a pagar por el Grupo Macri y analice las causas judiciales y la actuación del Estado desde 2001 al presente.
Los senadores y diputados del oficialismo y la oposición se cruzaron en la reunión de comisión de ayer.
Y finalmente la Auditoría General de la Nación (AGN) intervendrá en el caso de la deuda del Grupo Macri con el Estado por el Correo Argentino. La comisión bicameral mixta Revisora de Cuentas del Congreso le encargó a la AGN que haga un estudio especial del caso. El pedido incluye tres puntos: una auditoría sobre el ministerio que hoy conduce Oscar Aguad, un cálculo del monto a pagar por parte del holding de la familia del presidente y un análisis de las causas judiciales y la actuación del Estado desde 2001 hasta el presente. Desde la AGN advirtieron que este último punto no se podrá hacer en un plazo corto. El cálculo sí podría estar en el plazo de 90 días que le dieron, que podría prorrogarse por 30 días más. El dictamen se acordó en una reunión que no careció de cruces picantes.
Luego de que Mauricio Macri anunciara que pedirían que intervenga la AGN, sus legisladores llevaron el pedido a la comisión bicameral que establece los planes anuales del organismo de control. La preside el senador del Frente para la Victoria José Mayans.
En el encuentro, no faltaron las acusaciones cruzadas entre kirchneristas y macristas. El pedido de iniciar una auditoría provino de los oficialistas Mario Negri, Álvaro González y Luis Borsani. “Como hay posibilidad de que exista conflicto de intereses es necesario esclarecer esto”, sostuvo este último. Negri afirmó que lo solicitaron para que “nadie pueda pensar que nuestra intención es amañar algún tipo de información” y sostuvo que el informe dará garantías ante “la sensibilidad del caso”. La estrategia del oficialismo apunta a culpar a la gestión anterior, como explicitó González: “La licuación del crédito es producto de las políticas públicas que se aplicó en los últimos 12 años”.
Les salió al cruce la senadora kirchnerista Virginia García, quien recordó que, según el dictamen de la fiscal Gabriela Boquin, el acuerdo al que había arribado el gobierno de Macri implicaba una quita del 98,87 por ciento. “Ahora entendemos por qué se fue Prat Gay, que logró menos quita con los  buitres que el Grupo Socma”, ironizó. “El oficialismo no respeta ni su propio diccionario. Ahora resulta que a los actos sospechados de corrupción le dicen sensibilidad”, lo cruzó a Negri, que se enfureció.
El titular del interbloque de Cambiemos le respondió: “No conozco a Franco Macri. El que puso el primer kimono a la ex presidenta para que conozca Oriente fue él”, le enrostró el pasado oficialista del padre del presidente a la senadora santacruceña. García le contestó que era un “misógino y discriminador a todo lo que tenga pollera”. Negri le adelantó que le iniciará acciones legales para defender “su honor”, dado que esa acusación “no tenía asidero”.

A auditar

Cuando pasó la hora de los cruces, la comisión emitió un dictamen en que le encomienda tres cosas a la AGN, que actualmente preside el peronista Oscar Lamberto: 
  1. Hacer una auditoría de gestión del Ministerio de Comunicación “respecto a todo lo concerniente a la defensa del crédito en el concurso preventivo del Correo Argentino”
  2. Les pidieron que elaboren un “estudio especial” de los créditos concursales y postconcursales del Estado Nacional con la empresa del Grupo Macri. Esto incluye “revisar la metodología del cálculo y la evaluación de la propuesta a considerar”. El objetivo más claro de este planteo es contraponer el número final al que dio a conocer la fiscal Boquin en función de los cálculos de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DIFA) de la procuración. Consultados por este diario, en la AGN consideraban que este es el punto que se puede cumplir en el plazo previsto. Seguramente harán el cálculo y darán a conocer distintos escenarios posibles.
  3. También solicitaron, a pedido de la massista Carla Pitiot, un estudio especial de los reclamos judiciales entre el Estado Nacional y el Correo Argentino, así como de sus controlantes. Esto implica revisar toda la década pasada, y las actuaciones que tuvieron la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), la secretaría de Comunicación y el actual ministerio. Desde la AGN adelantaron a este diario que pedirán unificar este punto con el primero e incluir este análisis en la auditoría de gestión, dado que requiere un extenso trabajo técnico e implica convocar a equipos especialistas en derecho administrativo, con los que la Auditoría no cuenta. La revisión de los contratos y las acciones judiciales llevará tiempo. 

El archivo

Esta claro que esto se aleja un poco del “veredicto técnico” que había pedido el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y que Lamberto advirtió que era “un invento”. Durante la reunión de la comisión, el jefe de la bancada del FpV-PJ Miguel Pichetto advirtió que “es importante que el Congreso cuente con la información necesaria y tenga precisiones sobre el alcance del acuerdo” y recordó que la AGN tiene un extenso archivo de auditorías sobre el Correo que pueden servir como antecedente.
En efecto, como informó este diario el lunes pasado, la AGN hizo dos auditorías sobre la concesión del Correo al Grupo Macri, en 2001 y 2002. Esta última lleva la firma de Leandro Despouy, actual representante de derechos humanos de la Cancillería, y recomienda entre las opciones rescindir el contrato y perseguir el cobro de la deuda del Grupo Macri.
Las dos auditorías advierten que la empresa, de la que el presidente fue accionista hasta 2009, había incumplido el contrato al dejar de pagar el canon (de hecho, solo pagó el primer año, en 1998). Además, señalaba que el Grupo Macri consiguió que el menemismo le computara las indemnizaciones del despido de cinco mil trabajadores como parte de las “inversiones” que estaba obligado a hacer por contrato. Los informes dejaban en claro que durante el menemismo la CNC y la secretaría de Compunción no ejercieron sus funciones para controlar y que, durante la Alianza, si bien hubo intimaciones para regularizar la deuda, no se aplicaron las multas correspondientes.
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Hay una investigación por las escuchas
El fiscal Delgado inauguró la causa con un dictamen que pide precisar qué organismo ejecutó las pinchaduras y qué funcionarios debían custodiarlas. PáginaI12 reveló que esas escuchas debían ser destruidas.
El fiscal Federico Delgado emitió un dictamen para que se precise el origen y el destino de las escuchas.
El juez Rodolfo Canicoba Corral abrió una investigación sobre las filtraciones de escuchas que se hicieron durante el año pasado sobre los teléfonos del ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, y que derivaron en la difusión de conversaciones que mantuvo con su número dos, Juan Martín Mena, y con Cristina Fernández de Kirchner. La causa quedó inaugurada ayer con un dictamen del fiscal Federico Delgado que pide precisar qué organismo ejecutó las pinchaduras, qué funcionarios, bajo órdenes de quién, quiénes participaron en la “cadena de custodia” del material, qué mecanismos de seguridad se aplican, y si las interceptaciones algunas fueron parte de una “precausa” (como se llama a las investigaciones que inicia la AFI por su cuenta) que no condujo a ningún resultado por lo que deberían estar destruidas, tal como reveló PáginaI12. Omitir esa destrucción es delito y filtrar el contenido es también violación de secretos. 
Delgado hace en su dictamen una lista de las posibles fuentes de filtración denunciadas por Parrilli y afirma que hoy por hoy “nada se puede descartar”: incluye  a la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial, pero en particular -señala– a quienes la dirigen (los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra), el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti como su máxima autoridad, la AFI, el juzgado de Ariel Lijo y el de María Servini de Cubría. “Todo aquel que tuvo acceso a las escuchas potencialmente pudo haberlo filtrado”, dice el texto al que accedió este diario. Pero además, pide verificar todas las “pre causas”, a las que llama “trámites pre judiciales” que tramitaron en Comodoro Py en los últimos meses para determinar si alguna se vincula con el planteo de Parrilli. 
La primera denuncia de Parrilli aludía a conversaciones con CFK que habían sido registradas en una causa a cargo de Lijo donde investiga si el ex funcionario encubrió al narco Ibar Pérez Corradi cuando estaba prófugo. Las intervenciones empezaron en junio y terminaron en septiembre del año pasado, pero lo llamativo es que al iniciarse Pérez Corradi ya había sido detenido. Aun así se realizó una escucha directa desde una cabina, con un  agente que oía “online” lo que el ex funcionario hablaba, una medida reservada a los casos donde hay que actuar urgente, como un secuestro. En este caso la hizo personal de la AFI en la dependencia del Poder Judicial. Pero Parrilli amplió su denuncia cuando advirtió que otra de las conversaciones que fueron divulgadas en algunos medios era previa, del mes de abril. Según pudo saber PáginaI12 por funcionarios judiciales, había sido captada en una “precausa” que hizo la AFI cuando asumió Gustavo Arribas con el gobierno de Mauricio Macri, con el supuesto objetivo de determinar si el titular anterior se había llevado documentación. La jueza Servini de Cubría fue quien autorizó la escucha, pero al cabo de cuatro meses archivó el caso porque no veía ningún delito y mandó a destruir todo el material. Sin embargo, como quedó a la vista, ni la AFI ni la Dirección de Captación de la Corte las destruyeron. Igual que las de la causa de Lijo, fueron difundidas por medios afines al Gobierno. Todo se sintetiza en una utilización político-judicial-mediática de las escuchas, con el agravante de que en uno de los casos se usó una “precausa” que es una herramienta controvertida para hacer espionaje. 
La ley de inteligencia, según recuerda Delgado, le permite a la AFI ante sospechas específicas pedirle al juez de turno que intervenga comunicaciones, pero este recurso fue pensado por los legisladores para “permitir que los organismos de inteligencia eviten un atentado y, a la par, que los jueces de la Constitución controlen su trabajo; por eso si la sospecha se confirma el trámite pre judicial se convierte en una causa real y si no se confirma todo se destruye”. “Aquí radica la sospecha de Parrilli”, dice Delgado, “en el uso instrumental de una dispensa legal”. En la fiscalía sostienen que en tribunales debe haber registro de todas las precausas que se hayan recibido, lo que podría resultar una verdadera caja de pandora. Otros funcionarios del fuero federal ponen en duda que haya constancia de todo, tratándose de expedientes que no llegan a serlo en su estricto sentido. 
El dictamen de Delgado afirma que no se les puede preguntar a los medios o periodistas que difundieron el material de dónde lo obtuvo, porque existe una protección constitucional de la fuente. Por eso propone reconstruir “la cadena de custodia de los instrumentos que contenían las conversaciones” porque “en ese recorrido se produjo la filtración”. Requiere que la Dirección de Captación de Comunicaciones identifiquen “a las personas que participaron de la labor encomendada”. “De igual manera se deberá proceder con el personal de la Agencia Federal de Inteligencia” que además deberán informar que recaudos burocráticos o mecanismos de seguridad tienen para evitar filtraciones.
Por último, quiere una copia del sumario administrativo que hizo la Corte Suprema. El máximo tribunal informó como consecuencia de ese sumario que se hizo en 24 horas, que la filtración no fue suya  y le apuntó a la AFI. Lo mismo hizo el juez Lijo. 
En otros expedientes se carga las tintas sobre el contenido de las conversaciones: en uno el fiscal Guillermo Marijuán pidió investigar, en función de una de las escuchas ordenadas por Lijo, si se armaron causas contra el ex jefe de operaciones de la ex Side Antonio Horacio Stiuso (está a cargo de Sebastián Casanello y Franco Picardi); en otra, basada en las mismas escuchas, pidió establecer si CFK y Parrilli encubrieron delitos (a cargo de Delgado y Canicoba Corral); por último, el fiscal Ramiro González impulsó una causa basada en una escucha en la que Parrilli le dice a Mena que el juez Casanello es “presionable”, pero todo indicaría que era material ya desechado por la jueza Servini que debería estar destruido y que subsistió para alimentar operaciones políticas. 
Con menos ruido mediático que en aquellos casos, Canicoba Corral ya impulsa las primeras medidas sobre las filtraciones.
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