10 de diciembre de 2017

Eduardo Freiler, ex camarista federal
"Comenzamos a vivir en un Estado de excepción"
"Tenemos que volver a la lógica que funcionen las instituciones, que haya independencia judicial y que haya un Estado de derecho", afirmó el ex camarista federal Eduardo Freiler en diálogo con La República Parlante, que se emite por FM La Patriada.
El mes pasado, tras sacar a un miembro del Consejo de la Magistratura para poder avanzar con el juicio político en su contra, el oficialismo separó a Freiler de su cargo. Se lo acusó de no poder justificar su patrimonio, a pesar de que en una investigación penal por enriquecimiento ilícito había sido sobreseído.
El ex camarista afirmó que "me pone muy mal lo que está pasando con la Justicia, la democracia está palidenciendo. Comenzamos a vivir en un Estado de excepción".
Agregó: "El Consejo de la Magistratura se ha convertido en un comisariato político. El poder político no toma conciencia de lo que está pasando. Los poderes fácticos se lo están comiendo".
En cuanto a las escandalosas detenciones de ex funcionarios del gobierno anterior durante la semana pasada, señaló que "los pedidos de detenciones salen de un juez que ya  había sido apartado de la investigación por encubrimiento. La causa se reabrió de una manera muy irregular. Es una costumbre del juez Bonadío".
"La resolución de Rafecas fue impecable. El delito de  traición a la patria sólo es posible en el marco de una guerra. La doctrina de la prisión preventiva da por tierra a 300 años de derecho penal", concluyó Freiler.
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Efectivos de la Federal irrumpieron violentamente en la Universidad del Comahue
Luz verde para allanar
Los efectivos entraron a las residencias universitarias rompiendo las puertas y sin contar con la orden de un juez. No permitieron el ingreso de abogados y mantuvieron a los estudiantes incomunicados. Repudios contra esta violación de la autonomía universitaria que se suma a otras que ya tuvieron lugar durante el último año en la Universidad Nacional de Jujuy, de Rosario y Mar del Plata.
Efectivos de la Policía Federal allanaron anoche el sector de las residencias de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue, en la provincia de Río Negro. El operativo se realizó con una orden de allanamiento firmada por el secretario del juez federal Hugo Greca y no por el juez a cargo, como lo exige la ley. Los efectivos, que dijeron realizar el operativo en busca de marihuana entre los estudiantes, ingresaron violentamente rompiendo puertas y cerraduras, según se informó desde la comunidad educativa. Una vez dentro de las habitaciones, esposaron y tiraron al piso a los estudiantes. Una joven que se estaba duchando fue obligada de manera agresiva a salir del baño y no se le permitió vestirse mientras la policía revisaba el lugar.
Además, también informaron fuentes de la Universidad, que los estudiantes fueron mantenidos durante todo el operativo incomunicados, no dejaron entrar a los abogados y no se pidieron autorización a la universidad, violando la autonomía universitaria. 
"Enfrentamos una sistemática perdida de garantías constitucionales y el Estado de Derecho se reduce a una mínima expresión", expresó desde su cuenta de Twitter Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y de la CTA Autónoma de Río Negro.
En tanto, el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Andres Ponce de León, expresó su "preocupación y repudio por el irregular allanamiento llevado adelante por la Policia Federal Argentina en las residencias universitarias" de la Universidad Nacional del Comahue.
Agregó que "la orden de allanamiento exhibida por la Policía Federal no llevaba la firma de juez federal alguno, lo que coloca al ingreso de la fuerza federal en una palmaría ilegalidad, puesto que viola el artículo 31 de la Ley de Educación Superior. Asimismo, de manera contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben regir todo acto estatal, el allanamiento se desarrolló con una violencia y despliegue policial inusitado, que trajo como consecuencia innecesarios daños al patrimonio de la facultad. Y lo que es mucho más grave, la comisión de diversas vejaciones a los derechos y garantías constitucionales de los estudiantes".
"Exigimos el inmediato cese de tal accionar irregular por parte de la Policia Federal Argentina y del Juzgado Federal de General Roca, y solicitamos a los responsables del caso que den las explicaciones pertinentes ante la comunidad universitaria y la sociedad", concluyó el comunicado del Decano Ponce de León.
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Volvio la barbarie, haber si los diputados y senadorea toman nota de esto.
Es la primera vez desde la nueva usurpación británica de Malvinas en 1982, que una aeronave militar inglesa proveniente de las Islas aterriza en Buenos Aires.

AVIÓN BRITÁNICO SALIÓ DE MALVINAS Y ATERRIZÓ EN EZEIZA

Es la primera vez desde la nueva usurpación británica de Malvinas en 1982, que una aeronave militar inglesa proveniente de las Islas aterriza en Buenos Aires.

Salió desde la Base militar de Mount Pleasant, y aterrizó en Ezeiza al mediodía de hoy. Trajo a Buenos Aires a parte de la tripulación del HMS Protector que integró el equipo de búsqueda del submarino ARA San Juán.
Según alegaron fuentes del Ministerio de Defensa la tripulación debía dirigirse a Londres pero perdió el vuelo de Malvinas, por lo que el Poder Ejecutivo autorizó la travesía.
De esta manera, 25 marinos británicos pudieron tomar el próximo vuelo de British Airways rumbo a Londres.
La aeronave de la Royal Air Force, Airbus KC2 Voyager ZZ337, proveniente de las Islas Malvinas.
Su tripulación de 25 efectivos británicos que venían de las islas fue recibida en tierra por un oficial de operaciones de la Fuerza Aérea Argentina y por Robin Smith, agregado de Defensa de la embajada británica a cargo del embajador Mark Kent. 
Nac y Pop
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Esto también fue secreto, si bien se puede justificar la causa  se puede pensar que lo podían haber hecho en un avión civil o en un aeropuerto uruguayo, por ejemplo.
El HMS Protector también es sospechoso en el hundimiento del ARA San Juan , es una hipótesis aun no descartada por la justicia que investiga la desaparición.

Myriam Bregman cruzó a Fernado Iglesias con una frase que se viralizó

La legisladora porteña se cruzó con el diputado de Cambiemos en el programa Crónica.
La legisladora porteña del FIT, Myriam Bregman, se cruzó en vivo con el diputado nacional Fernando Iglesias, quien la había acusado de ser "un nene con un berrinche" por haber jurado por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en la Legislatura porteña.
"Es un trol físico, su rol es lamentable", acusó Bregman en un móvil de Crónica TV desde la marcha por la defensa del Estado de Derecho en Plaza de Mayo.

Desde el piso escuchaba Fernando Iglesias, quien en un primer momento pidió "no polemizar" con Bregman e impedir el cruce al aire. Minutos después pidió disculpas en nombre de sus compañeros por haberla abucheado en la jura como legisladora.
"No me dejaron jurar, me abuchearon, me insultaron. Ahora Fernando Iglesias es el responsable de decir quién es de izquierda y quien de derecha", acusó Bregman.
El Destape

Comienza la décimo primera Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires

Se dará inicio formalmente este domingo a la reunión de la Organización Mundial de Comercio, con la inauguración encabezada por el presidente, Mauricio Macri, en medio de la expectativa regional por lograr el tan buscado acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Nota ámbito.com
La décimo primera Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) comenzará formalmente este domingo, con la inauguración encabezada por el presidente Mauricio Macri, en medio de la expectativa regional de lograr finalmente el tan buscado acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. 
El presidente Macri dará inicio formal a la reunión del organismo a las 16 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, junto al canciller Jorge Faurie, la presidenta de la 11° Conferencia Ministerial, Susana Malcorra, y el Director General de la OMC, Roberto Azevêdo.

Entre el lunes y el miércoles se llevará a cabo la sesión plenaria entre los 164 representantes de los países miembros de la OMC que aguardan avanzar con la definición de nuevas reglas del comercio mundial en el marco de la Ronda de Doha, que analiza una mayor apertura en la liberación del comercio mundial, con el eje puesto en que los países en vías de desarrollo obtengan esos beneficios.

Uno de los objetivos es continuar en la misma línea de los logros alcanzados en las dos conferencias anteriores realizadas en Bali, Indonesia, en 2013 y en Nairobi, Kenia, en 2015, en donde se armonizaron procedimientos aduaneros y se avanzó con la reforma de las reglas del comercio agrícola, al definir eliminar subvenciones a las exportaciones, indicaron a Télam fuentes de la Cancillería.

En Buenos Aires, se buscarán definir nuevas reglas en el comercio agrícola, industrial y de servicios; y se buscarán tratar temas por fuera de la agenda de la Ronda de Doha, relacionadas con el comercio electrónico o la inserción de Pymes en el comercio mundial, agregaron

Pero para Argentina y el Mercosur todo, la 11° Conferencia Ministerial podría decantar también en la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que desde hace una década se viene postergando, del cual hay "altas posibilidades de alcanzarlo" en estos días, según precisaron las fuentes.

Incluso indicaron que el Mercosur confía en que la semana próxima se pueda anunciar un marco de acuerdo con la Unión Europea, si se terminan de resolver los puntos finales del acuerdo, relativos a la cantidades finales de entradas de productos europeos al Mercosur, entre otras cuestiones específicas.

El acuerdo, de concretarse, sería anunciado en los márgenes de la Conferencia Ministerial, y podría ser firmado durante el primer semestre de 2018, una vez revisados los aspectos técnicos y legales. 

La ronda de negociaciones que inició el 29 de noviembre en Bruselas -sede de la UE- produjo "avances sustanciales", según indicaron desde el ministerio conducido por Faurie.

Además, se habrían logrado cerrar varios capítulos relativos a la competencia, la facilitación del comercio y la cooperación aduanera.

En tanto, restan definir otros capítulos referidos a medidas sanitarias y fitosanitarias, servicios, pymes, defensa comercial y desarrollo sostenible, en un acuerdo de libre comercio que buscaría asemejarse al que cerró la Unión Europea con Japón a mediados de este año, en donde el sector agrícola es el principal beneficiario. 

Según las fuentes, se podría entender como un gesto positivo hacia el acuerdo la presencia, en la sesión inaugural, de los presidentes de Paraguay, Brasil y Uruguay, Horacio Cartes, Michel Temer y Tabaré Vázquez.

También estará la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, un mes después de que su canciller Heraldo Muñoz, junto con Faurie, firmaron un acuerdo comercial de libre comercio, que marca las líneas de una mayor vinculación también entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, de la que Chile forma parte. 

También asistirán a la inauguración enviados especiales de México, Ecuador, Perú y Colombia, en lo que será la primer reunión de la Organización Mundial de Comercio realizada en Sudamérica. 

La conferencia de prensa que brindarán Malcorra y Azevêdo el domingo al mediodía -antes de la ceremonia inaugural-, así como la sesión plenaria, la de clausura y las reuniones informales que se programen para los ministros, se realizarán en el hotel Hilton de Buenos Aires. 

Argentina fue designada como sede de la OMC en octubre de 2016, luego del ofrecimiento que el Gobierno argentino había realizado al organismo tres meses atrás, y junto con la realización del G20 en el país en diciembre de 2018, será uno de los eventos clave en la agenda exterior del país de la actual administración. 

A fines de noviembre el canciller expresó que "Argentina tiene la voluntad de lograr en Buenos Aires el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio y resultados positivos para el crecimiento inclusivo, el desarrollo y la creación de empleo en nuestro país".
Diario Registrado

Organizaciones sociales y sindicatos lideran la "anti-cumbre" de la OMC

Como sucede en cada lugar del mundo donde se realiza, la cumbre interministerial se llevará a cabo en medio de protestas, que planean una "semana de acción global" contra los tratados de libre comercio.


Nota ámbito.com
Este domingo comenzará la cumbre interministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), evento que se realiza cada dos años y que, por primera vez en su historia, tendrá como sede a Argentina. La expectativa del Gobierno es grande. La Casa Rosada enmarca esta gestión y la llegada del G-20 en 2018 como los grandes logros de Cambiemos en pos de la "inserción de Argentina en el mundo", y esperan así atraer las ansiadas inversiones y equilibrar la balanza de comercio exterior.
Sin embargo, como sucede cada dos años en las ciudades sede, la cumbre interministerial se llevará a cabo en medio de protestas de organizaciones sociales, que planean una "semana de acción global" contra los tratados de libre comercio.

Aglutinados en el movimiento "Confluencia Fuera OMC" organizaciones sindicales como la CTA Autónoma, ATE, la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado (CLATE), organizaciones de derechos humanos, académicos, estudiantiles, de pueblos originarios, y de mujeres, se organizaron para llevar adelante una "anti-cumbre", que tendrá movilizaciones pero también foros en los que participarán invitados de todo el mundo.

La agenda alternativa a la cumbre comenzó el jueves 7 de diciembre (tres días antes del comienzo del encuentro interministerial) con la Marcha de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora en Plaza de Mayo.

En tanto, durante la gala que se celebrará el domingo 10 de diciembre por la noche, cuando se estima que el presidente Mauricio Macri reciba a los delegados de los 173 países que participarán de la cumbre, se llevará a cabo una movilización desde la Plaza de los Dos Congresos al Obelisco.
Desde ese día hasta el 13 de diciembre (lo que durará la cumbre oficial en el Centro Cultural Kirchner CCK), la sede principal de la anti-cumbre será, además de las calles, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde académicos argentinos, e internacionales, y las organizaciones que integran Confluencia Fuera OMC, encabezarán diversos foros en los que elaborarán propuestas alternativas bajo la premisa "Argentina mejor sin TLC".

Está previsto que la movilización central de la anti-cumbre se realice el martes 12 de diciembre a las 18, aunque el recorrido aún no fue definido por la organización. Un día después, se leerán en una asamblea general los documentos que reflejen el trabajo de los distintos foros, y se presenten las propuestas alternativas.

"La iniciativa surgió el año pasado, como un espacio para discutir acerca de los tratados de libre comercio", explicó a ámbito.com Leandro Morgenfeld profesor de la UBA, investigador del Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), y uno de los organizadores de la anti-cumbre.

Pero, ¿por qué consideran que Argentina mejor sin TLC? Para Morgenfeld, "desde su creación en 1995, la OMC fue incorporando un temario en representación de los intereses de las grandes empresas trasnacionales, que lo que quieren es conseguir mejores condiciones para desplegar sus actividades con la menor regulación posible de los Estados".

"Lo que buscan estos tipos de tratados es limitar la soberanía estatal ya sea en materia de regulación medioambiental, salud o educación pública, para que el capital encuentre las mejores condiciones para moverse de territorio en territorio sin atenerse a las regulaciones nacionales", argumentó. Sin embargo, la confluencia de organizaciones que rechazan a la OMC, destacan que no solamente van en contra de esa agenda, sino que proponen discutir alternativas.

Para Confluencia Fuera OMC, la idea de que Argentina estaba aislada del mundo es falaz: "Hay distintas maneras de relacionarse con el mundo. Uno puede relacionarse con los países centrales articulando con sus pares de América Latina y el Caribe, como ocurrió muchas veces".

Morgenfeld expone como ejemplo la cumbre interministerial de Cancún en 2003, en la cual los países agroexportadores le dijeron por primera vez a los centrales (EEUU, Europa y Japón) que no discutirían la liberalización del comercio de manufacturas y servicios, con una movilización de más de 50 mil personas.

Sin lugar a duda, el antecedente de la cumbre de Seattle, en 1999, constituye uno de los ejemplos más acabados acerca de cómo una protesta callejera logró frenar el avance de los TLC. Allí, cerca de 40 mil personas se opusieron a la llamada Ronda del Milenio, cuando un movimiento civil sin precedentes sorprendió a los delegados de todas las naciones.

Sin lugar a dudas, las movilizaciones anunciadas por los organismos sociales tendrán en vilo al Gobierno de Mauricio Macri durante las próximas semanas, consciente de que los ojos del mundo estarán puestos en Argentina y que, la organización de la cumbre interministerial de la OMC, servirá de antecedente directo al G-20.           
Diario Registrado
El ex canciller Héctor Timerman rebate la acusación de traición a la patria
“Me golpea doblemente por ser judío”
No tiene dudas sobre el origen de la construcción judicial en su contra: el establishment internacional que no tolera que un país del Tercer Mundo tenga “la audacia” de negociar con Irán.
Está sentado en el living de su casa, en una situación más que difícil. En estos días le dijeron que el tratamiento contra el cáncer no está dando los resultados esperados y tal vez le tengan que cambiar las drogas que le suministran. Puede caminar poco y, después de unos minutos de diálogo, se le nota la falta de aire, el cansancio de la batalla. Para colmo, el jueves el juez Claudio Bonadio le dictó la prisión domiciliaria y, lo peor para él, lo acusó de ser traidor a la patria. “Es muy doloroso. Me golpea doblemente por ser judío. Me hace volver a la infancia, cuando nos apretaban con la pregunta si éramos leales a la Argentina o a Israel. Yo siempre viví para conseguir lo mejor por el país en el que nací, donde elegí vivir, donde siempre luché y estuve dispuesto a cualquier sacrificio. De lo mismo acusaron a mi padre, Jacobo, que fue una de las únicas dos personas a las que la dictadura le quitó la nacionalidad argentina (el otro fue José Ber Gelbard). Después, Raúl Alfonsín le devolvió la nacionalidad a mi papá. ‘No hay democracia si usted no es argentino’, le dijo Alfonsín. Y yo hoy vivo esta infamia muchos años después”.
El diálogo con Página/12, en presencia de su esposa Annabella y sus abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, no necesita pregunta inicial: 
–Todo esto es porque nosotros rompimos normas del establishment internacional con el Memorandum. Un país del tercer mundo como la Argentina no podía tener la audacia y la independencia para dirimir con Irán el acto de violencia y muerte que fue el atentado contra la AMIA. Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, China y Rusia firmaron un acuerdo con Irán. Ahora Donald Trump lo quiere terminar, pero nadie dice que quien firmó ese acuerdo con Irán, Barack Obama, es un traidor a la patria. ¿Por qué? Porque ellos son el selecto club de los que ponen las reglas. Fíjese que de casi doscientos países del mundo hay sólo cinco que tienen poder de veto en las Naciones Unidas. Son los que marcan la cancha en todo lo que es paz y violencia. Y, curiosamente, son también los grandes vendedores de armas. De manera que nosotros, con el liderazgo de Cristina, asumimos que la responsabilidad sobre la resolución jurídica y pacífica del caso AMIA era exclusiva de la Argentina. No aceptamos el criterio de que hay países de primera y otros de segunda o de tercera. 
–O sea que la decisión fue, como dijo la Presidenta en su momento, que el caso AMIA no sea una moneda de cambio en la geopolítica internacional. 
–Tal cual. Mire, la derecha internacional utilizó la causa AMIA como propaganda. Después de verme con el canciller iraní Alí Salehi, al día siguiente en Estados Unidos estuve en un desayuno con el canciller israelí, Avigdor Lieberman, a quien conozco desde hace años. Establecimos una amistad y nos tuteamos. El me pregunto “¿para qué querés un juicio si Irán ya es culpable?” Yo le contesté “¿quién lo declaró culpable? Y él me dejó asombrado. Me dijo: “la opinión pública”. Eso pinta cómo la derecha internacional utiliza el caso. No les importa un juicio ni que se sepa la verdad. Nuestro criterio, innegociable, siempre fue que tiene que haber un juicio, más aún teniendo en cuento lo que nosotros vivimos durante la dictadura. 
–¿Qué se buscó exactamente?
–Destrabar una causa que no podía avanzar. Y le aseguro que era muy difícil. Cuando estaba en el ascensor yendo a la primera reunión con Salehi me crucé con el negociador oficial norteamericano de la cuestión nuclear con Irán. El encuentro con Salehí se iba a concretar a unos metros de donde estábamos y le conté al funcionario de Estados Unidos. El me dijo, “te deseo mucha suerte, pero son muy difíciles. No va a andar”. Lo que yo noté es que me estaba diciendo que nosotros podíamos ser adscriptos a negociaciones, pero no protagonistas. Mire, gran parte del mundo, en especial los países más poderosos, no querían que Irán fuera Corea del Norte. Irán es un país muy importante en una zona caliente, el Medio Oriente. Y, además, tiene mucho apoyo: hasta hace muy poco ejerció la presidencia de los Países No Alineados. Fíjese que en Siria e Irak hoy trabaja en sintonía con Estados Unidos en la lucha contra ISIS. De manera que no lidiamos con un jugador menor y en la Argentina estaban los que pretendían que los imputados tomen un avión y vengan a entregarse. Eso no ocurrió en 19 años. Cristina me insistía en buscar alternativas y una posible era que el juez viajara a Teherán a tomar las declaraciones. En eso puso el acento la Presidenta. 
–¿Cómo se estableció la negociación?
–Desde 2003 se puso una enorme presión sobre Irán. Lo hicieron dos presidentes, Néstor y Cristina, y tres cancilleres, Rafael Bielsa, Jorge Taiana y yo. En 2004 se propuso una reunión con Irán en la Isla Margarita, en Venezuela. Néstor pidió ver el temario y no aparecía la AMIA. Pidió que se incluyera. Los iraníes no quisieron y no hubo reunión. Se canceló. De ahí en adelante, se denunció que Irán no cooperaba en las Naciones Unidas y en todos los foros internaciones. Recibíamos entonces calurosas felicitaciones de la AMIA y la DAIA. Fue por esa presión que ejercimos que Irán, en 2011, termina mandando una carta diciendo que estaban dispuestos a colaborar. Por supuesto aceptamos iniciar el diálogo, como dijo públicamente la Presidenta en las Naciones Unidas. Y eso motivó el enojo de la derecha internacional. Los fondos buitres, la derecha norteamericana e israelí siguen insistiendo en que fue Irán quién cometió el atentado, pero no permiten que dictamine la justicia. Y así estamos hace 23 años. La Argentina debe saber la verdad, no podemos ser alfiles de conflictos ajenos. La causa AMIA no puede ser un arma de propaganda sólo para castigar un país. 
–El juez pone en duda quién redactó el Memorándum. Por de pronto dice que usted no tiene formación universitaria y que no pudo haberlo redactado.
–Como ya lo dije, lo elaboramos entre los dos cancilleres. Es falso que no tenga formación en esa materia. Tengo un master en Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia, la de mayor prestigio en la materia en Estados Unidos. No entiendo cuál sería el delito relacionado con quién lo redactó ni cuándo nos reunimos, ni si la reunión fue privada o si hubo emisarios. Lo concreto es que después hubo una firma, un texto, y se mandó al Congreso. Y en ningún documento, ni uno solo, figura alguna palabra que indique que se negociaba alguna otra cosa fuera del caso AMIA. Dicen que tienen cables secretos, mails y lo concreto es que todos demuestran que no se hablaba de ninguna otra cosa que la cuestión judicial del atentado. 
–En la opinión pública se trata de instalar la idea de que ustedes recibieron algo a cambio de la firma del Memorándum.
–Me sale una ironía. Sí, a cambio recibimos la prisión. Cristina, yo, Zannini, que fuimos los que tratamos el tema. Lo que obtuvimos a cambio del Memorándum fue prisión. Todo lo que nosotros quisimos era que el tema AMIA empezara a resolverse, eso era lo único importante. Nunca se habló de todo lo que ponen por ahí, ni petróleo ni inversiones ni fondos iraníes. Hay un dato que pocos recuerdan. Cuando se acusó a Irán por el atentado, en épocas del juez Juan José Galeano, Irán nos declaró un embargo. Fíjese qué desubicada la postura del juez Bonadio: si supuestamente la Argentina estaba en guerra con Irán, nunca le declaró ningún embargo. Fueron ellos los que nos declararon el embargo a nosotros. Después lo fueron levantando, comprándole granos a los empresarios, no al Estado. De manera que no hubo ni se gestionó ningún beneficio para la Argentina con el Memorándum. Nunca, jamás, se mencionaron las palabras petróleo o energía o finanzas. Todo estaba centrado en el tema AMIA. Es más, les dijimos que ni siquiera un acuerdo cambiaría nuestro voto sobre Irán en los organismos internacionales respecto de la cuestión nuclear, tema en el que la Argentina tiene peso, ni en los organismos de derechos humanos. 
–¿No hubo aunque sea una media palabra respecto de las alertas rojas?
–Todo lo contrario. Interpol fue uno de los auspiciantes del diálogo. Al norteamericano Ronald Noble, secretario general de Interpol, lo conoció antes Alberto Nisman que yo. Nisman mantenía un contacto permanente. Antes que yo llegara a la Cancillería le habían propuesto que hiciera de mediador con Irán, algo parecido a lo que se llamaba diplomacia a lo Henry Kissinger. Que se tomara un avión a Teherán, hiciera propuestas, luego que viajara a Buenos Aires con la propuesta y así sucesivamente hasta que se consiguiera un acuerdo. Se lo pidieron todas las partes, pero no era su papel. Cuando yo le conté que íbamos a dialogar, él vio la iniciativa con entusiasmo y le dije: “mire que lo importante que tengo para sostener una negociación es la sanción que implican las alertas rojas”. El me dijo: “Quédese tranquilo, no va a haber ningún cambio”. 
–Pero el juez dice en su resolución que “dudamos de la imparcialidad que tendría que tener Noble y que por su relación Timerman prestó colaboración a los imputados”. Casi lo acusa de encubridor.
–Hay un hecho simple: Ronald Noble dejó de ser secretario general de Interpol y las alertas rojas no cayeron. Siguen vigentes. Y siguen vigentes hasta hoy. El juez le recrimina que no vino a declarar y lo cierto es que el magistrado se comportó como si Noble fuera un delincuente y no un ex alto funcionario de un organismo internacional como es Interpol o como son las Naciones Unidas. Esos funcionarios tienen fueros, merecen respeto, y una gestión diplomática, como corresponde, con los organismos internacionales, no un maltrato como el que utilizó el juzgado. Acá se boicoteó su declaración porque saben que Noble sostiene que no hubo ningún intento de nuestro gobierno por levantar las alertas rojas, que, por el contrario, siempre pusimos el acento en que el Memorándum no cambiaba nada y que cualquier resolución sobre las órdenes de captura sólo podía ser dictada por el juez. Eso se lo dijo Noble a usted en PáginaI12, lo dijo en The Wall Street Journal y lo puso Interpol por escrito en las comunicaciones a nuestra cancillería. 
–En el fallo se dice que la negociación con Irán fue secreta y que eso fue así porque las tratativas favorecían a los iraníes.
–No hubo secreto. En el mundo se negocia como lo hicimos nosotros. Israel negoció con Egipto. Israel negoció con Siria. Las negociaciones de Estados Unidos con Israel y los palestinos, cuando Bill Clinton, Itzhak Rabin y Yasser Arafat enhebraron los acuerdos de Oslo. Son negociaciones normales, que se hicieron reservadamente hasta que llega un punto en que se hace público y se firma el texto del tratado. Los diálogos son reservados porque se imagina las presiones que se desatarían en uno u otro sentido. Las Naciones Unidas auspician todo acuerdo entre países, piden que se registre, pero no se exige saber cómo se llegó a ese acuerdo. Yo le fui informando a la Presidenta, tuvimos reuniones que se transmitieron a través de comunicados oficiales y después el tratado, el Memorándum, se mandó al Congreso. Fue decisión de Cristina, anunciada previamente en las Naciones Unidas, que lo que se acordara iba a ser enviado al Congreso. Nosotros firmamos decenas de acuerdos bilaterales sin mandarlos al Congreso, pero éste se votó en las dos cámaras. En el debate parlamentario, ni siquiera los que votaron en contra dijeron que se trataba de un delito. De hecho, ninguno presentó una denuncia.
–¿Lo sorprendió el encuadre de que existe una situación de guerra con Irán y que por lo tanto se los califica como enemigos?
–Mire, es la primera vez en la historia moderna que un juez, por sí solo, establece que hay una guerra. No ocurrió nunca en ningún país. En 23 años transcurridos desde el atentado contra la AMIA, nunca fue planteado por nadie y menos todavía se trató en el Congreso. ¿Como puede ser que un juez se atribuya semejante facultad?
–Me imagino cómo le cayó la acusación de traición a la patria.
–Es muy doloroso. Este es mi país, donde nací, donde elegí vivir, donde luché y estuve dispuesto a cualquier sacrificio en la búsqueda de un país mejor. Y lo hice siempre de buena fe. La acusación es un acto de desesperación, porque no tiene ni una prueba contra nosotros ya que no existió ningún delito. A mi me golpea doblemente por ser judío. A los judíos nos acusan de doble lealtad, ubicándonos como si fuéramos argentinos de segunda categoría. Me hace volver a la infancia cuando nos apretaban preguntándonos si éramos leales a la Argentina o a Israel. Es una infamia. De lo mismo acusaron a mi padre, Jacobo. El fue una de las únicas dos personas a las que la dictadura le quitó la nacionalidad argentina. El otro fue José Ber Gelbard, que fue ministro de Economía de Perón. Cuando volvió la democracia, Alfonsín citó a mi papá a la Casa Rosada y le devolvió la nacionalidad. “La Argentina no es democrática si Timerman no es argentino”, le dijo. Y el documento de mi padre se hizo y se entregó en el despacho presidencial de Alfonsín.
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¿Traición a la Nación o prevaricato de los jueces?
El más prestigioso jurista argentino analiza la historia, alcance jurídico y límites de la “traición a la patria”, figura por la que fue procesada la ex presidenta Cristina Kirchner.
1 La manipulación del concepto de traición. El crimen de traición, en todo autoritarismo, totalitarismo o absolutismo, desde la Roma imperial y aún antes, fue el pretexto que se usó para perseguir y dar muerte a todos los opositores y molestos al autócrata de turno1.
Nuestra Constitución, desde 1853, tomó los recaudos necesarios para que nadie en la Nación Argentina pueda manipular a su antojo este concepto, como garantía de republicanismo. Veamos cómo lo hace.
2 La pena de los traidores a la Patria del art. 29. La Constitución Nacional se refiere a los traidores a la Patria en el artículo 29º: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales, a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”. 
Como es obvio, esto no tiene nada que ver con el frustrado acuerdo con Irán, porque es de sobra sabido que históricamente se incluyó este artículo para fulminar de nulidad cualquier intento de reiterar la ley que otorgó a Rosas la suma del poder público. 
3 La traición a la Nación del art. 119. Como en el caso del frustrado acuerdo con Irán para nada entra en juego el artículo 29º, queda claro que se procesa hoy conforme al artículo 119º, que se refiere a la traición a la Nación : “La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro. El Congreso fijará por una ley especial la pena de este delito; pero ella no pasará de la persona del delincuente, ni la infamia del reo se transmitirá a sus parientes de cualquier grado”.  
4 No fue lo que la fusiladora aplicó a Perón. Es necesario aclarar esto porque suele confundirse todo y afirmarse que encuentra su antecedente en la dictadura de 1955 y que le fue aplicada al Tte. Gral. Juan Domingo Perón. 
Esto no es verdad: el procesamiento resuelto en mayo de 1956 por el juez de facto Luis Botet contra Perón y legisladores peronistas, no se refería al actual artículo 119º, sino que arañaba su pretendido fundamento jurídico en el artículo 29º de la Constitución y no en el 119º actual2.   
5 El art. 119º es una garantía constitucional. Pero el artículo 119º –que es el que se esgrime ahora– se estableció en la Constitución de 1853 como una garantía de origen iluminista y liberal, ubicándolo como última disposición de los preceptos del rubro Atribuciones del Poder Judicial. Su texto y ubicación provienen de la Constitución norteamericana3 y su inclusión bajo este título es significativa, pues se dirige primeramente a los jueces, sin perjuicio de hacerlo –obviamente– también al legislador ordinario. 
6¿Qué quiso el constituyente norteamericano? En la Constitución de 1949, Sampay respetó el texto histórico, pero lo reubicó correctamente en el rubro Derechos, deberes y garantías de la libertad personal. La ubicación actual, se explica por las razones históricas del modelo norteamericano. 
En efecto: el legislador constitucional norteamericano4 quiso evitar con esta disposición que se impute cualquier delito (o no delito) como traición a la Nación, como hacía el derecho inglés, que colgaba lords con generosidad en las torres de Londres. 
7 ¿Por qué se dirige en especial a los jueces? La razón por la cual el artículo se dirige primeramente a los jueces proviene –justamente– de esas arbitrarias extensiones del concepto por parte de los jueces en la jurisprudencia británica. Recuérdese que en el derecho constitucional inglés, apenas en el siglo pasado se declaró formalmente cancelada la potestad judicial –del common Law– de crear tipos penales. 
8 Se apoyaba en Blackstone y en Montesquieu. En el derecho constitucional norteamericano pesaron, nada menos que las palabras de Blackstone apoyado en Montequieu: Este crimen es el más grave que un hombre pueda cometer, considerado como miembro de una sociedad. “Basta –dice Montequieu– que el crimen de lesa majestad sea vago, para que el gobierno degenere en despotismo”. Y sin embargo la vieja ley común deja al arbitrio de los jueces una gran latitud para determinar lo que es o no es traición; con lo cual da a la creación de los príncipes tiranos el medio para generar una amplia lista de crímenes de traición, es decir, de convertir, mediante interpretaciones arbitrarias y forzadas, en crímenes de traición y punibles como tales, delitos que jamás se habría supuesto ser de esta naturaleza5. 
9 ¿Qué había escrito Montesquieu? Si alguna indicación faltaba para verificar que la definición precisa de la traición a la Nación es una garantía que se remonta al Iluminismo, basta la cita de Montesquieu a la que remite Blackstone: Las leyes de China –escribe Montesquieu, eludiendo hablar así de las de Francia– mandan que quien falte el respeto debido al emperador sea castigado con la muerte. Como no definen en qué consiste esa falta, cualquier cosa puede dar pretexto para quitarle la vida a una persona a quien se tenga mala voluntad, y para exterminar a una familia entera. El capítulo que así comienza se cierra con la frase lapidaria que cita Blakstone: C’est assez que le crime de lèse-majesté soit vague, pour que le gouvernement dégénère en despotisme. Seguidamente agrega: Es un violento abuso dar el nombre de lesa majestad a un acto que no lo sea6 .
10 En la garantía argentina pesó la historia nacional. El constituyente argentino de 1853 copió a la letra esa disposición, no sólo movido por el origen iluminista y por el modelo de los Estados Unidos –y menos por puro afán de imitación– sino ante todo por la triste experiencia nacional durante nuestras luchas y guerras civiles, que dan cuenta de numerosas ejecuciones. 
Cabe observar que la garantía del artículo 103º histórico es el complemento necesario de la prohibición de pena de muerte por causas políticas, obviamente inspirado también en la sangrienta experiencia nacional y consagrado en el artículo 18º: si el legislador ordinario –o el juez por vía interpretativa– pudiesen considerar cualquier delito como traición a la Nación, todo delito político (rebelión, sedición, etc.) hubiese podido caer bajo esa arbitraria calificación y, por ende, se hubiese habilitado un fácil expediente para burlar la prohibición del artículo 18º, incurriendo la Constitución en autocontradicción. 
11 La claridad de Joaquín V. González. Entre los constitucionalistas argentinos, quien se expresó con meridiana claridad a este respecto fue Joaquín V. González: En cuanto al delito en sí –escribe–, la Constitución quiere que no esté jamás en el arbitrio del legislador ni de los jueces el definirlo, como ocurrió en Inglaterra en la época en que la justicia fue instrumento servil del despotismo del Parlamento o de los Reyes, pues, el primero clasificaba de traición los hechos menos criminosos de los súbditos para someterlos a la última pena; y los segundos, con su poder arbitrario de decidir qué actos eran o no traiciones prestábanse a satisfacer las más criminales venganzas de los príncipes7. Por si alguna duda cupiese, cita a Blackstone. 
Según este autor, la Constitución rechaza la arbitrariedad practicada en nuestra historia, que confundía la traición con los delitos comunes de rebelión, sedición, resistencia a la autoridad y otros menos graves, por lo que la Constitución ha limitado el poder de la ley a los términos de su propia definición para evitar que ni ella, ni los jueces puedan nunca ultrapasar los límites marcados, y fijando una línea clara de división entre los poderes de legislar y los de administrar justicia8.
12 La unanimidad de nuestros constitucionalistas. Queda claro que desde 1853 –conforme a la opinión doctrinaria de todo nuestro constitucionalismo9– el derecho constitucional argentino no admite que se considere penalmente responsable por traición a la Nación a ninguna persona que no incurra en el tipo constitucional del actual artículo 119º, como garantía que tiene por objeto la prevención de las brutales represiones en las rivalidades de nuestra organización.   
Se trata de un mandato constitucional a los jueces y legisladores. Desde el punto de vista penal, la ley ordinaria lo completa como tipo señalando la pena legal, pero no puede alterar la definición de la conducta que la Constitución le manda. 
13 La Constitución prohíbe la integración analógica de la definición del art. 119º. En nuestro derecho escrito, la voz únicamente (el only del texto norteamericano) prohíbe a los jueces argentinos cualquier integración analógica respecto de la fórmula constitucional, so pretexto de interpretación extensiva. 
En síntesis: la Constitución expresa como garantía para todos los ciudadanos que la traición a la Nación es lo que su texto dice en términos estrictos y nada más. Cuando la Constitución emplea la palabra “únicamente” al definir en qué consiste la traición, ha expresado… su voto porque la justicia argentina no se convierta en auxilio de la opresión10.    
14 Los penalistas también son unánimes. El penalismo nacional de todos los tiempos es unánime y aún más contundente e insistente que el constitucionalismo, cuando de afirmar la naturaleza de garantía del artículo 119º constitucional se trata, señalando por la pluma de todos los penalistas que le está prohibido al legislador extender el tipo de la Constitución. 
El artífice del código de 1921 lo expresó claramente, reiterando lo que con anterioridad habían afirmado Rivarola, Piñero y Matienzo en el proyecto de 189111: El Congreso Nacional no puede en esta materia usar la amplitud de facultades con relación a la casi totalidad de los otros delitos, pues por excepción y como lo ha hecho en contados casos, la Constitución ha dicho cuándo existe el delito de traición12. Destaca el carácter de garantía contraponiendo la definición constitucional con la arbitrariedad de las leyes de Partida13.
15 Discutieron incluso si es “o” o “y”. En cumplimiento de la Constitución, la ley 49 de 1863 quiso precisar los actos de traición14, pero la tradición a partir del proyecto Rivarola-Piñero-Matienzo de 189115 reprodujo la letra constitucional, agregando sólo agravantes. Más tarde se discutió si la expresión ayuda o socorro del artículo 214 del código penal era o no constitucional, pues la Constitución exige ayuda y socorro. 
Se sostuvo que la alternativa en lugar de la conjunción importaba extender la fórmula constitucional, aunque otros opinaron que siempre que hay una se presenta el otro y viceversa, por lo que no se alteraría la extensión16. Soler afirmaba que tienen importancia esa y otras diferencias17, en tanto que Núñez sostiene que se trata de una garantía, y si el artículo 214º del Código penal no se aviene con el artículo 119º constitucional, debe prevalecer la fórmula de la Constitución18. De cualquier manera, todos coinciden en su naturaleza de garantía y en la consiguiente inadmisibilidad de cualquier extensión de la fórmula legal, centrándose la discusión sólo en saber si la hay o no en la ley. 
16 Todos requieren que haya guerra internacional; desde el propio Rodolfo Moreno (h). El tipo objetivo del delito de traición contiene un elemento de delimitación temporal: la opinión unánime de la doctrina penal argentina exige que este delito se cometa en tiempo de guerra internacional. 
Así lo expresó el propio Rodolfo Moreno (hijo) con meridiana claridad conceptual: Este delito entre nosotros no puede cometerse en tiempo de paz. Para que exista se requiere: o que se tomen las armas contra la Nación, o que se unan los agentes a los enemigos de la misma. Tomar las armas contra la Nación es hacerle la guerra, y unirse a los enemigos supone ese estado, pues la República no los tiene durante la paz19. 
En términos análogos se expresan todos los penalistas argentinos. Omitimos la transcripción textual de sus opiniones en homenaje a la brevedad, pues para todos se trata, prácticamente, de una obviedad20.
17 Nunca estuvimos en guerra con Irán. Nunca la República Argentina estuvo en guerra con Irán; tampoco se preparó para producir una situación bélica, para atacar a Irán, jamás hubo un estado de guerra formal ni informal. 
Si bien es muy discutible, aún dando por cierto –sólo, como se dice en latín, ad effectum probandi– que el horrible delito cometido en nuestro territorio haya sido un acto bélico, ser víctima de una agresión no significa una guerra, sino, en último caso y conforme al derecho internacional, dicha agresión habilita al estado agredido a llevar adelante una guerra defensiva, pero esto nunca lo hizo la Nación Argentina, sino que se limitó a seguir los pasos procedentes conforme al derecho internacional, reclamando la extradición de los eventuales responsables.
18 La explicación de Creus. Esta situación la previó claramente en su obra Carlos Creus, mucho antes del espantoso crimen cometido en nuestro país, cuando este autor no podía tener para nada en cuenta la imputación que dio lugar a la insólita decisión actual, pues el crimen se cometió cuando el querido profesor de Santa Fe ya no estaba en este mundo.     
Cabe citarlo por extenso porque es clarísimo: Pero no constituye guerra internacional el ataque restringido a personas o grupos de nacionales en el país o en el extranjero (que puede ser motivo de una guerra, pero que no lo es todavía, salvo que se realice dentro del marco prospectivo de un conflicto bélico internacional). La guerra internacional existe cuando se ha declarado formalmente, según las disposiciones constitucionales y el derecho internacional, o cuando se han producido hostilidades que ya importan la guerra, aunque no se la haya declarado formalmente (el Código de Justicia Militar fija también, como término inicial, el “decreto de movilización para la guerra inminente” –ver artículo 882– pero allí no hay todavía guerra internacional) y termina cuando se ordena el cese de las hostilidades, aunque permanezca vigente el estado de guerra hasta la celebración formal de la paz. El delito sólo se puede dar entre el comienzo y el final de la guerra21.
19 No hubo ningún preparativo de guerra. La Argentina ni siquiera emitió el decreto de movilización, como lo preveía el derogado Código de Justicia Militar –vigente al tiempo en que se produjo el crimen– con motivo de la agresión sufrida. Menos aún hubo hostilidades por parte de nuestro país respecto de Irán, pues incluso se siguieron manteniendo las relaciones diplomáticas. Ser agredido no significa guerra, sino sólo victimización: no hay guerra si no hay dos partes en guerra. 
20 No hubo guerra defensiva ni preparación de ésta. El derecho internacional legitima la guerra defensiva en forma análoga a la legítima defensa del derecho penal, pero si quien sufre la agresión ilegítima no actúa, no hay conducta defensiva que justificar: sólo queda la agresión ilegítima. Recibir un puñetazo no es una riña: quien lo recibe tiene derecho a responder con otra violencia y en ese caso habría una riña, pero si decide no responder y pedir auxilio a la policía, sólo queda la agresión ilegítima. La riña y la guerra requieren que haya dos ejerciendo violencia.  
21 Síntesis jurídica de lo anterior. Como síntesis jurídica de lo anterior, cabe afirmar lo siguiente: (a) El concepto de traición es constitucional y no puede extenderse más allá de la definición del actual art. 119º.  (b) La pretensión judicial de ampliar la definición constitucional importa una vuelta al despotismo premoderno, prohibida por la Constitución. (c) La disposición constitucional se dirige directamente a los jueces, para prevenir su integración analógica jurisprudencial. (d) El artículo 119º constitucional es una garantía conforme a la opinión jurídica nacional unánime, incluso históricamente reafirmada con la reubicación del texto en 1949. (e) El constitucionalismo y el penalismo argentinos lo sostienen como una obviedad, sin que haya autor nacional que haya sostenido otra cosa. (f) Igualmente obvio es para toda nuestra doctrina jurídica el presupuesto de una guerra o el hecho de confrontación bélica. (g) La Nación Argentina nunca declaró la guerra a Irán ni se preparó para defenderse bélicamente. (h) Haber sido agredido no significa estar en guerra, sino sólo ser víctima de una agresión. 
22 Síntesis política e histórica. Lo jurídico no surge de la nada, sino que tiene raíces históricas y políticas. En este sentido, es dable observar que las disposiciones de nuestros artículos 18º (prohibición de pena de muerte por causas políticas) y 119º (definición limitativa constitucional de la traición), son históricamente complementarias, pues tienen como objetivo claro la prohibición de confundir los delitos políticos con la traición, instalando de este modo un obstáculo constitucional fortísimo a cualquier vuelta a los sangrientos episodios del siglo XIX.  
Conforme a la sangrienta enseñanza de la historia, la Constitución ha consagrado la prohibición de que nadie –al calor de cualquier circunstancia– vuelva a tocar la estricta definición de traición a la Nación, sabiamente limitada desde 1853, porque implicaría abrir las compuertas a las venganzas políticas ilimitadas y a la legitimación de la guerra civil. 
23 En este caso no hay disidencia doctrinaria ni jurisprudencial. Si bien es cierto que en el campo jurídico muchas veces es verdad lo de la media biblioteca, hay otros supuestos en que ni el más mínimo folleto amarillento y olvidado en el fondo del último anaquel sostiene lo que se afirma, es decir, en que la ley es clara y no median objeciones constitucionales ni internacionales y tampoco admite interpretaciones diferentes. Este es uno de los raros casos en que todos estamos de acuerdo y lo estuvimos desde 1853 hasta la fecha.
24 ¿Es imaginable que los jueces integren analógicamente la definición? En los últimos tiempos pareciera a veces que hay jueces que deciden lo que creen que tienen poder para hacer, sin detenerse ante ningún límite constitucional: la medida de sus decisiones es la de su poder mediático. No obstante, esto no se ha generalizado del todo. 
Llegamos aquí al punto de quiebre de nuestro Estado de Derecho: esta es la prueba de fuego. El art. 269 del Código Penal conmina pena de multa e inhabilitación absoluta perpetua (y de tres a quince años de prisión si es en sentencia penal) al juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo. Se trata del delito de prevaricato de los jueces. En este caso, la ley es expresa conforme a la clara voluntad del legislador, y nada menos que del constituyente y, además, dirigida en particular a los jueces. 
25 Sólo con prevaricato puede sostenerse la existencia de una traición a la Nación. El únicamente (only del modelo original) no deja lugar a dudas. No hay discusión doctrinaria ni jurisprudencial, no hay antecedente alguno que permita la integración analógica del artículo 119º constitucional, no hay razón histórica ni doctrinaria que avale ese abuso de la jurisdicción, nada autoriza a considerar que un delito o una agresión es una guerra, no pudo haber guerra con un país con el cual se mantenían relaciones diplomáticas, sólo hay letra expresa de la ley que no deja lugar a dudas. Apartarse de esa letra, integrar el concepto, asimilar un delito o una agresión a una guerra, es caer en una integración analógica que viola la letra expresa y, por ende, cae en el tipo de prevaricato judicial.  
26 ¿Será nuestro Poder Judicial prevaricador? Esperamos que eso no suceda. No creemos que los jueces de segunda instancia, los de casación, los ministros de la Corte Suprema, todos, estén dispuestos a caer en el prevaricato, violando la letra expresa, clara, jamás discutida, del artículo 119º de la Constitución Nacional. Eso importaría la quiebra total del Estado de Derecho, su Poder Judicial caería como un castillo de naipes. Hasta el revanchismo tiene límites, y lo peor es que genera contrarevanchismo, difícil de contener cuando el anterior es desmesurado.
Existen diferencias interpretativas en muchas materias y el debate judicial interno es sano. También hay vicios, no sanos pero tampoco delictivos, pero cuando la conducta cae directamente en un tipo penal, la cuestión toca el límite, pasado el cual sólo queda el poder desenfrenado, el revanchismo y el contrarevanchismo. 
27 Lo inimaginable. Puede ser que nos equivoquemos, pero apostamos a que esto no sucederá. Nos resistimos a imaginar a los jueces argentinos de todas las instancias que deberán intervenir afirmando que el art. 119 constitucional puede ser integrado por ellos, ampliado, ignorando el únicamente de la ley suprema, el only de la fuente histórica, subestimando la prohibición de pena de muerte por causa política, olvidando el pasado sangriento, quemando los libros de todos los juristas de nuestra doctrina de todos los tiempos e ideologías. Nuestra imaginación no llega a tanto, el abuso del poder no puede superar ese límite infranqueable. ¿Habrían  perdido los jueces el sentido de la temporalidad? ¿Estarían alienados, olvidando que nada hay eterno en este mundo? ¿No recordarían, los que creen en Dios, que es lo único eterno? Nos resistimos a imaginarlo. 
28 Nuestro Poder Judicial no es prevaricador. Parafraseando un dicho conocido, apostamos a que aún quedan jueces en la Argentina, que nuestro Poder Judicial estará maltrecho, tendrá defectos, pero que no es prevaricador, que conserva en el fondo –aunque a veces sea difícil percibirlo– un cierto sentido de la medida de las cosas, que no en vano pasaron por alguna universidad, que algo les enseñaron los que escribieron todos nuestros libros de derecho constitucional y penal, que no carecen de cierta intuición política de sus límites y que, al margen de todo eso y en función de su tradicional instinto de conservación, saben que no deben ultrapasar cierta frontera o, como dijo alguien hace ya muchos años, que pueden acompañar hasta la puerta del cementerio, pero no entrar. Esperamos no equivocarnos. 
* Profesor Emérito de la UBA.
1 No es menester ir muy atrás en la historia para recordar el Volksgericht o tribunal del pueblo alemán, presidido por un terrible payaso disfrazado de juez, Roland Freisler, que asesinó a miles de personas en muy breve tiempo, manipulando el concepto de deslelatad (Untreue), íntimamente ligado a la comunidad del pueblo (Volksgemeinschaft), como esencia del irracionalismo jurídico nazi. Este asesino togado murió aplastado por una viga durante un bombardeo a Belín en 1945, aferrado a los papeles con que pensaba condenar a una persona que luego resultó absuelta. V. en castellano: Helmut Ortner, El verdugo Roland Freisler, Un asesino al servico de Hitler, Barcelona, 2010.
2 Invocaba los artículos 20º y 33º de la Constitución de 1949, vigentes al tiempo de dictarse esa resolución, pues aun la dictadura no la había derogado.
3 Es clara la traducción casi textual del modelo: Article III, Section III, Treason against the United States, shall consist only in levying war against them, or in adhering to their enemies, giving them aid and comfort. … The Congress shall have power to declare the punishment of treason, but no attainder of treason shall work corruption of blood, or forfeiture except during the life of the person attained   (Nathaniel c. Towle, A History and Analysis of the Constitution of the United States, Boston, 1861, p. 196). Sec. III, 1. La traición contra los Estados Unidos consistirá solamente en tomar las armas contra ellos, o en unirse a sus enemigos dándoles ayuda y socorro. … 2. El Congreso tendrá facultad para designar el castigo de la traición; pero ninguna sentencia por traición producirá corrupción de la sangre o confiscación, sino durante la vida de la persona sentenciada (tal la traducción de Florentino González, Lecciones de derecho constitucional, Bs. As., 1869, p. XII del apéndice). No obstante, el texto norteamericano dio lugar a que se considerase esta posibilidad en caso de guerra civil, lo que con toda razón los autores argentinos rechazan expresamente, limitando su marco temporal a la guerra internacional (cfr. Sebastián Soler, entre otros, Derecho Penal Argentino, Bs. As., 1992, T. V, p. 17). 
4 Cfr. Calvo, N. A./ Paschal, G.W., Anotaciones a la Constitución de los Estados Unidos (por G. W. Paschal) y concordancias con la Constitución Argentina, Bs. As. 1888, T. II, p. 369; Paschal, Jorge W., La Constitución de los Estados Unidos explicada y comentada, trad. De Clodomiro Quiroga, Bs. As., 1888, p. 516; Roscoe Lewis Ashley, The American Federal State, New York, 1908, p. 280.
5 W. Blackstone, Commentaires sur les lois anglaises, avec des notes de M. Ed. Christian; traduit de l’anglais sur la quinziéme Edition par N. M. Chompré, París, 1823, tomo Vº, p. 316. Blackstone recuerda seguidamente el caso en que un caballero del condado de Hertford, fue condenado por alta traición por retener a un servidor del rey para cobrarle compulsivamente una deuda en tiempos de Guillermo III.
6 Oeuvres de Monsieur de Montesquieu, nouvelle édition, revue, corrigée & considérablement augmentée par l’autor, Londres, 1767, T. I., p. 260.
7 Joaquín V. González, Manual de la Constitución Argentina, Bs. As., 1951, p. 635.
8 Idem, p. 636.
9 A título de mero ejemplo: Germán J. Biadrt Campos, Compendio de Derecho Constitucional, Bs. As., 2004, p. 199; Miguel Á. Ekmekdjan, Manual de La Constitución Argentina, Bs. As., 1993, p. 245; Helio Juan Zarini, en Análisis de la Constitución Nacional , página 413, del mismo, Derecho Constitucional, Bs. As., 1992, p. 519. 
10  Joaquín V. González, op. cit., p. 637. 
11 Proyecto de Código Penal para la República Argentina  … por los Doctores Norberto Piñero, Rodolfo Rivarola, José Nicolás Matienzo, Bs. As., 1891, p. 189.
12 Rodolfo Moreno (hijo), El Código penal y sus antecedentes, Bs. As., 1923, T. V, p. 36. 
13 Idem, p. 40. 
14 El artículo 1º de la ley 49 decía: Todo individuo argentino, o persona que deba obediencia a la Nación Argentina, comete el delito de traición definido por el artículo 103 de la Constitución General, ejecutando cualquiera de los siguientes actos:… y los enumeraba en cinco incisos (Colección de leyes y decretos sobre Justicia Nacional, Publicación Oficial, 1863, p. 20). 
15 El artículo 257 de este proyecto establecía el tipo básico con la expresión constitucional: Será reprimido con presidio de diez a veinticinco años e inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este Código, todo individuo argentino o que deba obediencia a la Nación Argentina, que tomare las armas contra ésta o se uniere a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro. En el artículo 258 enumeraba en nueve incisos las formas agravadas (Proyecto, cit., pp. 387-388).   
16  Sobre esta discusión entre Rodolfo Moreno (h) y González Roura, Eusebio Gómez, Tratado de Derecho Penal, Bs. As., 1941, T. V, p. 261. 
17 Sebastián Soler, op,. cit., T. V., p. 15. 
18 Ricardo C. Núñez, Manual de Derecho Penal. Parte Especial, Córdoba, 2009, p. 503. 
19 Rodolfo Morteno (hijo), op. cit., p. 38.
20 Así, por ejemplo, Eusebio Gómez, op. cit., p. 260; Sebastián Soler, op. cit., p. 18; Ricardo C. Núñez, op.cit., p. 503; Carlos Fontán Balestra, Tratado de Derecho Penal, Bs. As., 1990, T. VII, p. 36; Octavio González Roura, Derecho Penal, Bs. As., 1923, T. III, p. 336; Manual de Derecho penal Parte Especial dirigido por el Dr. Ricardo Levene (h), Bs. As., 1976, p. 443; Jorge Eduardo Buompadre, Tratado de Derecho Penal Parte Especial, Bs. As., 2009, T. II, p. 590; Carlos Creus, Derecho Penal Parte Especial, Bs. As., 1983, p. 146; Edgardo Alberto Donna, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo II-C, Bs. As., 2004, p. 376. 
21 Carlos Creus, op. cit., 1983, pp. 146-147.
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Rafecas en el mundo del revés
Por Mario Wainfeld



El juez federal Daniel Rafecas se defendió y respondió preguntas en el Consejo de la Magistratura. El respeto y hasta el buen trato caracterizaron a la audiencia, concuerdan participantes y asistentes. En términos deportivos, el magistrado les dio un baile y goleó a sus acusadores que a menudo dejaron la sensación de no haber ido preparados. La excelente crónica de la colega Irina Hauser publicada anteayer en PáginaI12 da debida cuenta de lo sucedido.
Rafecas les explicó, agregando documentos probatorios, que no fue parcial al rechazar sin abrir a prueba la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Obró de modo similar ante dos presentaciones contra el mismísimo presidente Mauricio Macri y otra contra la diputada Elisa Carrió.
El juez federal Daniel Rafecas se defendió y respondió preguntas en el Consejo de la Magistratura. El respeto y hasta el buen trato caracterizaron a la audiencia, concuerdan participantes y asistentes. En términos deportivos, el magistrado les dio un baile y goleó a sus acusadores que a menudo dejaron la sensación de no haber ido preparados. La excelente crónica de la colega Irina Hauser publicada anteayer en PáginaI12 da debida cuenta de lo sucedido.
Rafecas les explicó, agregando documentos probatorios, que no fue parcial al rechazar sin abrir a prueba la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Obró de modo similar ante dos presentaciones contra el mismísimo presidente Mauricio Macri y otra contra la diputada Elisa Carrió.
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Le recriminaban apuro para decidir, informó que el plazo procesal respectivo es de tres días y que se excedió un poco pero que la celeridad es exigencia normativa.

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Es altamente inusual (aunque no imposible) que proceda sancionar a un juez por una sentencia. Jamás sería justo hacerlo por su contenido pero puede suceder que la resolución trasunte un obrar delictivo. La divergencia de criterios jamás puede fundar una sanción disciplinaria, ni hablar de la remoción. Menos aún si, como en este caso, proviene de un juez de primera instancia.
La confirmación ulterior por la Cámara y el desistimiento del recurso del Fiscal que actuaba ante Casación corroboran que el criterio de Rafecas era razonable aunque siempre pueden mediar criterios divergentes.
Si la doctrina de los acusadores fuera correcta habría que iniciar juicio político urgente contra los integrantes de la Corte que sentenciaron a favor de la aplicabilidad del 2x1 a los autores de crímenes de lesa humanidad. Decisión desacreditada en la sociedad, anulada por una ley votada casi unánimemente, dejada ya de lado por muchos tribunales inferiores con mejor criterio y más apego a derecho que los tres cortesanos que hicieron mayoría.

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Rafecas es docente en varias facultades, un académico prestigioso.  Estudioso, austero, no tiene terminal política, no confraterniza con los Servicios de Inteligencia, es ilustrado, escribe más que bien… se diferencia mucho del promedio de los colegas de Comodoro Py.   Investigó y estudió mucho en materia de Derechos Humanos, publicó entre otros un formidable libro titulado “Historia de la solución final”.
Ya tuvo otras denuncias porque no hace tanto tiempo tuvo la osadía de impulsar la causa Ciccone que implicaba al entonces vicepresidente Amado Boudou. Casi en paralelo, produjo una instrucción notable en el proceso por las coimas en el Senado con el ex presidente Fernando de la Rúa entre los procesados y elevó el expediente a juicio oral. La coherencia pudo costarle caro: por entonces concitó un infrecuente odio bipartidista que lo puso en jaque aunque salió airoso. Ahora el macrismo va por él, con la cooperación de los correligionarios boinas blancas.
La Comisión acusadora necesita mayoría simple de votos (cinco de nueve miembros) para llevar al Plenario juzgador a Rafecas. Posiblemente los obtenga, justito, con disidencia de los representantes de los jueces, abogados y académicos aunque todos guardan prudente silencio. Para destituir al Magistrado hace falta mayoría calificada del Plenario, dos tercios. Aun en la Argentina de hoy parece difícil que se consume tamaña injusticia.
El afán de Macri es conseguir vacantes en los Tribunales, de cualquier modo, para homogeneizar el Poder Judicial y poblarlo de magistrados adictos. Si son egresados del Colegio Cardenal Newman o de la Universidad Católica Argentina, mejor.

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Mientras se fabula por escrito sobre una guerra internacional entre Irán y Argentina para justificar procesamientos inicuos, se relega al olvido el juicio por encubrimiento en el primer juicio oral por el atentado a la AMIA. Ahorramos referencias para abreviar, pero se trata de maniobras comprobadas, hasta filmadas, que concertaron el ex juez de la servilleta Juan José Galeano, funcionarios del gobierno de Carlos Menem, empezando por el ex presidente. El ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, está acusado, con evidencias rotundas, de haber participado en la movida.
La lucha por la verdad la sostuvieron distintas organizaciones de familiares de las víctimas: Memoria Activa, APEMIA, la encabezada por Sergio Burstein. Nunca bajaron la guardia, nunca s plegaron a la complicidad de la dirigencia comunitaria.
Muchos que callaron durante años o décadas iniciaron ahora una falsa cruzada por la verdad que no les importa. El juicio a Rafecas forma parte de un tablero más amplio con jugadores nacionales y la Embajada de Estados Unidos haciendo pressing. 
Todo transcurre en el contexto de una cotidiana degradación de la administración de justicia.
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