29 de abril de 2017

El otro Calcaterra, también primo de Macri, acusado de defraudar a su propia empresa

Fabio Calcaterra es sospechoso de "apoderarse o no dar cuenta del faltante de 500 toneladas de producto" tras un derrumbe en el depósito de una firma de la que era CEO. Los investigadores señalaron el pago de un sobreprecio multiplicado unas 30 veces, a una empresa para limpieza y remoción de escombros.


Pareciera que los métodos estafadores se aprenden en casa. La justicia penal porteña investiga a Fabio Marcelo Calcaterra, otro de los primos del presidente Mauricio Macri y hermano Ángelo, el titular de la sospechosa constructora IECSA.
Fabio Calcaterra era el máximo directivo de la empresa Alimentos Modernos SA, que había pertenecido a su familia hasta que fue adquirida en los '90 por la multinacional Farm Fries. Sin embargo, Calcaterra siguió siendo el CEO.

La actividad de Alimentos Modernos es el procesamiento de papas a granel para la elaboración de productos congelados y semicongelados, que se venden en el mercado y se exportan.
El 11 de agosto de 2012 ocurrió un derrumbe en un depósito, y allí la justicia determinó algunas irregularidades: Fabio Calcaterra está acusado de "apoderarse o no dar cuenta del faltante de 500 toneladas de producto supercongelado terminado que se encontraba alojado para su almacenamiento en la sede de la planta".
Además, los investigadores descubrieron que el CEO contrató para la limpieza y remoción de escombros a una empresa que no se dedicaba a ese rubro y que cobró por sus servicios unas 30 veces más que lo que percibía la firma que habitualmente se dedicaba a esas tareas.
Según informó DyN, Calcaterra eutorizó pagos por 732.742,55 pesos, por un servicio que otra firma cotizaba en 23.569,80 pesos.
Si bien el primo del presidente Macri estuvo procesado en esta causa, la Sala VII de la Cámara del Crimen le dictó "falta de mérito". Sin embargo, ahora el Ministerio Público Fiscal le pidió nuevamente la indagatoria, en relación con los eventuales delitos de "defraudación por administración fraudulenta".
Fabio Calcaterra es el hombre a quien en diciembre pasado el Banco Central le autorizó la compra del Banco Interfinanzas, especializado en operaciones del tipo "banca mayorista".
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El gobierno mandó a espiar a los docentes y CTERA hará una denuncia

La titular de CTERA, Sonia Alesso, le exigió a los policías de civil que se retiren de la plaza tras estar observando los movimientos de la escuela itinerante durante tres días.

Comunicacion CTERA
hace 17 horas
Comunicado de Prensa de CTERA. Nuevamente la CTERA sufrió la intimidación y hostigamiento policial.
Hace tres días que una camioneta de la policía está filmando a la escuela itinerante.
La CTERA realizará una denuncia ante esta intimidación y exige al Gobierno Nacional que cese con este accionar de espionaje y amedrentamiento hacía los docentes.
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NUEVO DICTAMEN DE LA FISCAL BOQUIN EN EL ESCANDALOSO CASO DEL CORREO ARGENTINO, UNA FIRMA DEL GRUPO MACRI
Manual para vaciar una empresa fraudulentamente
La fiscal descubrió un intento de vaciamiento de las cuentas de la concursada Correo Argentino hacia otras empresas del Grupo Macri. La maniobra quedó al descubierto cuando se cayó el acuerdo firmado por el Gobierno.
Las maniobras buscan el vaciamiento del Correo a través de las controlantes del grupo de la familia Macri.
Mientras en los primeros meses del año pasado calentaba motores para la firma de un acuerdo con el Estado que implicaría una quita de casi la totalidad de la deuda del Correo Argentino, el Grupo Macri –a través de las controlantes Socma S.A y Sideco S.A– intentó el “vaciamiento” de las cuentas en dólares y pesos que estaban a nombre del concurso de acreedores para desviarla hacia otros de sus negocios. Así lo denunció la fiscal Gabriela Boquin en un nuevo dictamen que presentó en el caso que más daño hace a la imagen al gobierno de Mauricio Macri. Según el documento, la jueza del concurso, Marta Cirulli, llegó a autorizar cinco retiros de fondos por cerca de 10 millones de pesos. Pero después que Boquin reveló que se había firmado un acuerdo que consideró “abusivo” y “ruinoso” para las arcas públicas, se cortaron las autorizaciones. Cuando el Correo apeló, quedó la maniobra al descubierto.
En un dictamen que se conoció ayer a última hora, Boquin dice que considera que los retiros de dinero de las cuentas del Banco Ciudad fueron “improcedentes e injustificados”. Además de deschavar los movimientos para obtener ventajas económicas con el dinero del concurso, denuncia a la jueza comercial Cirulli y pide la separación de la actual administración de la empresa Correo Argentino, que encabeza Jorge Irigoin, antiguo gerente de Socma con una relación histórica con el presidente Macri y su familia.  Advierte que proporcionó información falsa y ocultó otra relevante para el expediente.
Boquin hace notar que la jueza Cirulli venía negando esos pedidos de manera sistemática cada vez que se los había pedido el Correo, incluso el año anterior, 2015. De pronto, justo en 2016, cuando la empresa de los Macri ya empieza a encarar su demanda contra el Estado en reclamo de un resarcimiento (entre otras cosas por la supuestas consecuencias económicas producto de la expropiación en 2003) y cuando se avecinaba el acuerdo que no se había logrado en años (desde 2001) porque las sucesivas administraciones de gobierno rechazaban las propuestas de la empresa postal por inconvenientes, justo ahí comenzó a vaciar las cuentas.
El acuerdo por la deuda del Correo se firmó el 28 de junio del año pasado. La fiscalía fue notificada tres meses después, y finalmente lo objetó. Como ya se conoció, Boquin señaló en su primer dictamen que la deuda del Correo asciende al día de hoy a más de 4000 millones de pesos. Si no se hubiera frenado tendría cerca de la totalidad perdonada gracias a la aceptación del representante del Estado, que asistió en nombre del Ministerio de Comunicación, Juan Mocoroa, siguiendo instrucciones –dijo– de sus superiores, lo que incluiría del ministro Oscar Aguad hacia arriba. Mientras tanto, a lo largo de 2016, el Grupo Macri fue obteniendo permisos para ir sacando la plata de sus cuentas: en marzo, en junio, en noviembre y en diciembre. El pedido de la audiencia para lograr el convenio fue en mayo. A comienzos del año pasado había en las cuentas del concurso 9.666.690 dólares y 27.866.097 pesos. Los retiros, afirma Boquin, fueron “en beneficio de otras empresas del grupo” y “en perjuicio para las cuentas del concurso”.
Uno de los argumentos que la jueza utilizó para autorizar los retiros fue “el volumen de las erogaciones que la deudora debe afrontar mes a mes”. Para eso se basó en el planteo de la empresa que, en rigor, está inactiva. La firma argumentó ante la jueza que los socios ya no estaban en condiciones de seguir haciendo aportes para su sostén y, en realidad, nunca aportaron nada. Sin embargo, utilizó parte del dinero extraído del Banco Ciudad para pagar mensualmente, oficinas por 144.000 pesos; 61,834 pesos de sueldos y cargas sociales; 113.000 pesos de gastos contables e informáticos y 65.000 de honorarios profesionales. Los inmuebles son alquilados en el mismo edificio donde se encuentra la sede de Sideco S.A (el llamado “rulero” de avenida Libertador). Son, más aún, cuatro oficinas en su mismo piso. Sideco Americana es la empresa controlante del Correo Argentino, y a su vez es controlada por Socma S.A.
El planteo es que el dinero que salía de las cuentas del concurso –y que posiblemente hubiera sido mucho más si la fiscalía no denunciaba el acuerdo “abusivo”– iba a parar a Sideco. El denodado interés por llegar a la homologación de un acuerdo por la deuda, para lo cual hacía falta la anuencia del Estado porque de lo contrario no alcanzaban las mayorías, es evitar la quiebra del Correo, que podría arrastrar a la misma situación a sus controlantes, Sideco y Socma, pilares del emporio empresarial de los Macri.
El dictamen de Boquin rastrea movimientos de años anteriores pero que  reflejarían conductas similares: por ejemplo, en 2007 Socma le vende al Correo acciones de Neficor SA, que tenía el 49 por ciento de Chery, para introducir en el mercado el auto Tiggo, con cláusulas de rescisión. Le pagan a Socma 2 millones de dólares, pero jamás les dio dividendos. Luego se agrega una transferencia por más de 900.000 dólares extras. Otra vez, señala la fiscal “un posible acto de vaciamiento de la concursada en favor de otra empresa del grupo, su controlante, Socma”.
Franco Macri tiene un usufructo vitalicio de las acciones de Socma y por ende de Sideco y el Correo Argentino. Fuera de esa función, sus acciones fueron cedidas a sus hijos. Mauricio, en 2009, se las traspasó a sus hijos Agustina, Gimena y Francisco. Es decir, toda la familia. Excepto el Presidente que no figura en los papeles.  
El nuevo planteo de Boquin llega en un momento caliente para el expediente ya que la semana pasada el Gobierno echó al procurador del Tesoro Carlos Balbín, representante de los abogados del Estado, quien tuvo que empezar a intervenir debido –curiosamente– al decreto sobre conflicto de intereses que firmó Mauricio Macri a raíz de este escándalo. Lo que sucede es que Balbín firmó una auditoría el 10 de abril último que no resultaría lo que se dice un bálsamo de alivio y felicidad para el Gobierno. En función de ella, además, preparaba un dictamen en el que plantearía que los términos del acuerdo del año pasado eran irregulares o por lo menos desventajosos. Balbín sería el que ocuparía de ahora en más el lugar que tenía como representante en el caso el Ministerio de Comunicación. Su reemplazante, Bernardo Saravia Frías, lideró un estudio jurídico que representó al Grupo Macri.
El dictamen que ahora plantea el vaciamiento llegará también a la Cámara Comercial, que integran para este caso María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, quienes vienen actuando desde hace varios años en favor del paso del tiempo. Tuvieron el expediente, sin decisión alguna, desde 2011, denuncias mediante del ex Procurador general de la nación Esteban Righi. Balbín debía presentarse  en la Cámara, entre otras cosas, para opinar sobre los 120 días de suspensión del trámite que pidió el Estado Nacional, a medida de los deseos del grupo empresario y como para intentar desinflar el tema que resultó de tanto impacto durante el período de campaña electoral. Hasta ahora la mayoría de los síndicos lo admitieron. El nuevo procurador deberá opinar, y en este punto falta un dictamen también de Boquin.
La fiscal, quien ya sufrió el año pasado un robo de una copia completa del expediente del baúl de su auto frente a la puerta de su casa, volvió a sufrir un episodio similar: fue forzada la cerradura del vehículo. La diferencia es que esta vez tenía custodia policial.
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28 de abril de 2017

“No hay trabajo, Macri”: el reclamo que escuchó el Presidente y retumbó en el Irízar

Otra vez, como ocurre allá donde vaya, la realidad sorprendió a Mauricio Macri, justo en el momento cuando terminaba el discurso con el que volvía a poner en servicio el rompehielos.

Ni el desubicado chiste referido a los ingleses ni estar rodeado de oficiales de la Armada Argentina impidieron que la realidad golpeara otra vez al Presidente. Tras su discurso, se escuchó claramente el grito: “¡No hay trabajo, Macri!”
La voz alcanzó a Mauricio Macri y a los marinos desde lejos pero con meridiana claridad: "¡No hay trabajo, Macri!", percibieron los presentes y el propio mandatario mientras saludaba a los comandantes del rompehielos Almirante Irízar con una sonrisa que, de pronto, se volvió tensa, como la de alguien que trata de fingir que no fue descubierto en su falta…
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EL FISCAL ANTE CASACIÓN PIDIÓ REVOCAR LA CONDENA A MILAGRO SALA
Usaron testigos falsos
El Fiscal General Javier De Luca pidió que se revoque la condena a Milagro Sala y otros dirigentes por un escrache a Gerardo Morales, ocurrido en 2009. De Luca denunciará por falso testimonio a dos testigos que se usaron para acusar a Sala.
Revocar la condena, anular la acusación de la querella que representa al gobernador Gerardo Morales y una denuncia por falso testimonio a los testigos del juicio. El Fiscal General Javier De Luca dictaminó a favor de la dirigente social jujeña, Milagro Sala, en la causa por un escrache a Morales, ocurrido en 2009. 
De Luca cuestionó con dureza la “verosimilitud y credibilidad” de los únicos dos testigos que le atribuyeron a Sala el delito de instigación por los daños ocurridos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy, donde Morales participaría de una conferencia. El fiscal remarcó que los testigos mintieron acerca de su relación con la querella, es decir, con el Gobernador.
De hecho, uno de los testigos de apellido Arellano “trabajaba para la Gobernación de Jujuy”, algo que se conoció poco tiempo antes del juicio oral que condenó a Sala, y mintió “al negar que se había comunicado con el abogado de la querella antes de dar su declaración, lo cual está probado por informes”. De Luca calificó de “mendaz” el relato de Arellano sobre cómo llegó a contactarse con el abogado de Morales. Para la fiscalía, estas falsedades restan “verosimilitud a sus dichos y permiten sospechar que él y su mujer han incurrido en el delito de falso testimonio para perjudicar a los imputados a cambio de alguna clase de beneficio”. Por ello, De Luca presentará una denuncia en su contra.
El dictamen fue más allá y sostuvo que de las declaraciones prestadas por Arellano y Chauque durante el debate no surgía que Milagro Sala hubiese instigado a delito alguno; sin embargo el Tribunal que condenó a la dirigente jujeña incorporó las declaraciones prestadas durante la instrucción, donde sí surgía tal circunstancia. “Todo ello en violación a lo dispuesto por el art. 391 del C.P.P.N. y de las garantías de defensa en juicio e imparcialidad”, indicó De Luca. 
El fiscal de Casación advirtió que, aún si se considerase ese testimonio escrito, los dichos que el testigo había atribuido a Milagro Sala estaban dirigidos a la producción de un hecho distinto al que finalmente ocurrió en el Consejo. Para De Luca, el Tribunal había valorado parcialmente el de Arellano, “pues en aquella misma declaración por escrito, había declarado su enemistad con Sala”.
Por otro lado, la fiscalía dijo que no había prueba como para atribuir los daños a López y Salvatierra, pues se los había responsabilizado por el solo hecho de encontrarse presentes en el lugar, pero nadie los había individualizado como autores de amenazas o de daños a la propiedad. Recordó que Milagro Sala ni siquiera había estado en el lugar de los hechos, de modo que la supuesta instigación a su producción, no debía haberse dado por sentada (presunción basada en un preconcepto), sino que debió haberse demostrado judicialmente.
“La sentencia es arbitraria porque se basó en ideas políticas preconcebidas sobre la actividad de un grupo de personas y de su líder, sin la debida demostración en el debate, porque se ha valido del testimonio de testigos falsos y, además, que violó los principios constitucionales de congruencia y de incorporación de testimonios que las partes no pudieron interrogar y refutar”, indicó De Luca.
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Una prueba más de la estafa que sufren los argentinos con los precios

Un periodista argentino realizó un relevamiento en un supermercado de España, y descubrió que los alimentos cuestan la mitad o aún menos que en nuestro país, cuando los sueldos son más altos. Mirá y sacá tus propias conclusiones.

El periodista José Viñuela, de Ciberperiodismo, puso al descubierto la estafa que sufren los argentinos con los precios de los alimentos y servicios, con un relevamiento realizado en un supermercado de Valencia, España.
Así como un docente o un bombero en España ganan el equivalente a 35 mil pesos aproximadamente, y los valores de los productos son casi la mitad que en Argentina; es decir que el sueldo en nuestro país rinde mucho menos que en el país europeo. 
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Denuncian a Carrefour por vender pañales que el sindicato envió gratis a los empleados

El Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal denunció que la cadena de supermercados francesa "vende en sus góndolas" pañales que el gremio entregó de manera gratuita a sus afiliados.

El hecho denunciado sucedería en la sucursal ubicada en la avenida Warnes 2707, del barrio porteño de Paternal. Según la denuncia, los productos tenían el sello que indicaba "entrega gratuita".
"Supermercados Carrefour ofrece y vende en sus góndolas pañales que han sido entregados en forma gratuita por el Sindicato de Empleados de Comercio a sus beneficiarios", denunció el gremio en una solicitada.
Además, resaltó que "este esfuerzo solidario se enfrenta con una maniobra que perjudica no solo a los afiliados de la entidad sindical sino a la comunidad toda".

"Es con el objeto de evitar la continuación de estos hechos que solicitamos a la población en general que denuncie a este sindicato si verifica la existencia de pañales con sellos de esta institución en otros locales", concluyó.

Por su parte, Carrefour rechazó tener "cualquier responsabilidad sobre las supuestas maniobras que denuncia el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Capital Federal en la distribución de los pañales destinados a sus afiliados".
"Es importante destacar que estos pañales son entregados al SEC, quien los hace llegar a sus afiliados a través de su cuerpo de delegados. Carrefour no participa de la entrega de los mismos. Los mencionados pañales tienen el mismo envase y el mismo código de barras que aquellos que son vendidos al público. La única diferencia es un adhesivo redondo colocado por el sindicato", enfatizó la empresa. Asimismo, aclaró que realizó una investigación interna la cual no arrojó irregularidades.  

"Creemos que este tipo de denuncias deben realizarse ante la Justicia. Es por eso que hemos presentado la denuncia para que se investiguen los hechos y el Sindicato aporte las pruebas con las que pudiera contar" afirmó Leonardo Scarone, Director de Asuntos Corporativos.

"Confiamos en que esta denuncia se aclare rápidamente para así demostrar que Carrefour Argentina no tiene ningún tipo de responsabilidad en los hechos denunciados", finalizó Scarone. 
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Macri regresó al país esta mañana y visitará el rompehielos "Almirante Irizar"

El presidente Mauricio Macri arribó a Buenos Aires tras su visita por los Estados Unidos. Entre otras actividades, recorrerá el navío "Almirante Irizar", que vuelve a navegar tras diez años de reparaciones.

El jefe de Estado arribó en un vuelo privado a las 6.55, acompañado por la primera dama, Juliana Awada, y de allí se trasladó en helicóptero a la residencia de Olivos.
Tras su visita a Donald Trump, el jefe de Estado encabezará un acto de inauguración de una planta de sueros en la provincia de Buenos Aires, que se enmarca en los movimientos de campaña electoral en la Provincia, que comenzaron hace días para el oficialismo. 
Más tarde visitará un centro de jubilados en el conurbano bonaerense, acompañado por el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y otras autoridades, según informó el sitio oficial de la Presidencia.
Y a las 12.30, el Presidente en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas visitará al rompehielos “Almirante Irízar”, amarrado en Puerto Madero, que vuelve a navegar luego de diez años de inactividad tras sufrir un incendio en plena navegación que en 2007, que inutilizó a la nave insignia de las campañas antárticas y demando la reconstrucción de parte de su estructura.
El mandatario también estará junto al Ministro de Cultura, Pablo Avelluto, para informarse sobre cómo transcurre la Feria del Libro. Por último, Macri presidirá a las 15 la residencia de Olivos una reunión de seguimiento de gestión del ministerio de Finanzas con el titular de esa cartera, Luis Caputo.
Diario Registrado
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No se lo que Macri va a decir, lo que estoy seguro que si hubiera sido por el el Irizar no existía mas, Gracias Cristina.
NUEVA AVANZADA DEL OFICIALISMO CONTRA GILS CARBÓ EN EL CONGRESO
Otra carga contra la procuradora
Los legisladores de Cambiemos consiguieron aprobar una citación a Gils Carbó para que se presente ante la comisión bicameral que controla al Ministerio Público. El FpV se opuso a la convocatoria pretendida por el oficialismo, pero definió el Frente Renovador.
Gils Carbó fue citada para el 18 de mayo por las supuestas irregularidades que denuncia el macrismo.
Cambiemos encabezó una nueva embestida en el Congreso contra la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Sus legisladores impusieron una citación para que la procuradora responda el 18 de mayo preguntas ante los integrantes de la comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación sobre supuestas irregularidades en su gestión, según denuncia la alianza oficialista. Aunque se planteó la discusión en la comisión, el FpV-PJ se opuso a la propuesta de Cambiemos de citar previamente a quienes denunciaron y cuestionaron a la procuradora utilizando la metodología de acusación en un juicio político, una atribución que no tiene la bicameral. Su presidenta, Graciela Camaño, saldó las diferencias, al convocar a los propuestos por el oficialismo en dos grupos: antes y después de que concurra la procuradora. El FpV-PJ también se reservó su derecho de convocar a otros especialistas para que expongan en la comisión. 
En su primera reunión del año, la bicameral trató como tema excluyente el pedido de Cambiemos para que se cite ante la comisión “de manera urgente” a Gils Carbó para que explique “las supuestas irregularidades que se le atribuyen en el proceso de designación de fiscales” y la compra de un edificio. La procuradora le manifestó en una carta  a Camaño su intención de concurrir a la bicameral, a la que le envió un informe del Ministerio Público Fiscal de 1035 páginas para responder inquietudes de los legisladores. La cita se fijó para el 18 de mayo. 
Fue allí que el jefe del interbloque de Cambiemos, el radical Mario Negri, argumentó la necesidad de estar “munidos de todos los elementos” para poder confrontar las respuestas que brindará Gils Carbó, y pidió citar antes a sus acusadores. 
El senador chubutense Mario Pais (PJ-FpV) fue uno de los más resistió la propuesta oficialista. Consideró que de ser Gils Carbó la última en exponer “estamos abriendo un proceso acusatorio que es algo que no le compete a la comisión, y sin haberla escuchado”. Antes, desde la misma bancada, el salteño Rodolfo Urtubey había propuesto que se le envíe a Gils Carbó “el informe con todas las preguntas por escrito y que también conteste por escrito”, luego de “analizar” esa información.
Ante las posturas inconciliables, Camaño terció con una alternativa que finalmente impuso: dividió en dos tandas a los convocados por Cambiemos, una antes y otra después de la asistencia de Gils Carbó ante la bicameral.
El cronograma pactado arranca el 11 de mayo con los fiscales Guillermo Marijuán, Raúl Pleé, Carlos Rívolo, Germán Moldes y Luis González Warcalde. Luego del paso de Gils Carbó fueron citados para el 1º de junio los fiscales Ricardo Sáenz, José María Campagnoli, Carlos Castex y Pedro Zoni. La agenda se cerrará el 8 de junio con la visita de miembros del Colegio de Abogados porteño, de la ONG Será Justicia y de la Unión de Empleados y del Sindicato de Trabajadores Judiciales.
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No se si alguno aun duda que el FR es un apéndice de Cambiemos, cuando sus diputados se pasean por los canales despotricando contra las medidas del gobierno son las mismas medidas que ellos ayudan a implantar.
ESCÁNDALO EN CASACIÓN POR EL INTENTO DE NOMBRAR A UN JUEZ CERCANO AL GOBIERNO
A los gritos en Comodoro Py
Varios integrantes de la Cámara Federal de Casación se opusieron al traslado a ese tribunal de Carlos Mahiques, que integra la Casación porteña. Hubo golpes de mesa y gritos. Una jueza tuvo que recibir atención médica.
Carlos Mahiques, juez de la Cámara de Casación porteña y ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal.
Con gritos, golpes de puño sobre la mesa y una jueza descompensada transcurrió ayer una reunión plenaria de la Cámara Federal de Casación Penal, máxima instancial penal del país. Un escándalo que terminó en cuarto intermedio, y que fue generado por el intento de traslado definitivo, sin pasar por el concurso, de un juez de otra jurisdicción para ocupar una de las cinco vacantes que hay en el tribunal. Se trata de Carlos Mahiques, integrante de la Cámara de Casación porteña, que se ocupa de los delitos comunes. En ese cargo estuvo de licencia cuando fue nombrado ministro de Justicia bonaerense de María Eugenia Vidal. Dos de sus hijos trabajan en el ministerio de Justicia de la Nación y otro es fiscal federal. El punto de máxima tensión se produjo cuando el juez Juan Carlos Gemignani se enojó con varios de sus compañeros que señalaban el modo irregular que apareció el nombre de Mahiques y que no podrían aceptar una designación sin rendir examen. Los trató de “hipócritas” y se trenzó en una discusión con la jueza Angela Ledesma, quien tuvo que recibir atención médica.
Los casadores y casadoras se pusieron a deliberar sobre el traslado de Mahiques a raíz de un pedido de opinión que recibieron desde el Consejo de la Magistratura, donde el juez presentó su pedido de traslado. Ya hubo otras discusiones similares en ese organismo. La última fue la del juez de Tres de febrero, Juan Manuel Culotta,  trasladado al juzgado con competencia electoral por impulso del macrismo. 
Mahiques integra la cámara de Casación porteña desde diciembre de 2014. Antes había sido camarista de Casación en la provincia de Buenos Aires. Cuando desembarcó el gobierno de Mauricio Macri fue nombrado como ministro de Justicia de Vidal. En tribunales le atribuyen la dilación de la causa contra el Presidente por la represión en el hospital Borda mientras transcurría la campaña electoral en 2015 (y de la que fue finalmente desvinculado). En mayo del año pasado volvió a la Casación porteña. Ahora pidió ser trasladado en forma definitiva a la Casación con competencia federal para ocupar el lugar que dejó en la Sala II Pedro David, que se jubiló por el fallo de la Corte Suprema que estableció que los jueces deben irse a 75 años a menos que recibían un nuevo acuerdo del Senado.
El pedido de pase defintivo causó estupor en la Casación que funciona en Comodoro Py, entre otras razones porque ya hay un concurso en marcha para cuatro vacantes que hace tiempo existen en la Cámara, que no termina porque a los consejeros del oficialismo no les gusta la conformación de la terna según el orden de mérito. Mahiques se había presentado en ese concurso, pero abandonó en el camino, según explicaron funcionarios judiciales. La jueza Ana María Figueroa insistió en la reunión en plantear que es la Constitución la que establece la obligación de concursar para ser juez; que no es posible pedir traslado para quien ocupa un cargo en otra jurisdicción (Mahiques es camarista en la ciudad de Buenos Aires y quiere convertirse en camarista federal); y, además, para poder obtener un traslado, un juez debe tener cuatro años de antigüedad en su último cargo. La mayoría de los integrantes del tribunal hicieron planteos en esa misma línea. 
A Ledesma y Alejandro Slokar se los veía molestos con lo que muchos en el edificio de Comodoro Py describían como un intento de intervención en la Sala II que ambos integran, a la que pertenecía David. Gemignani, (que ayer a la misma hora debía estar en una audiencia en la causa por la privación ilegal de la libertad de una secretaria a la que mandó a arrestar por no acatar una orden), se empezó a enfurecer, gritó y golpeó la mesa con el puño, acusando a sus colegas de actuar con “hipocresía” porque durante el kirchnerismo avalaron la designación de conjueces abogados como subrogantes en la cámara. En 2015 hubo una gran discusión sobre la legitimidad de esas designaciones, impulsadas desde el Consejo en base a una lista de posibles suplentes armada Poder Ejecutivo y avalada por el Senado. La diferencia es que eran nombramientos transitorios. Mahiques quiere mudarse para siempre.
El clima de nerviosismo era alto. Ledesma se sintió mal y tuvieron que llamar a un médico para que la atendiera. Los jueces hicieron un cuarto intermedio hasta hoy, que emitirían una opinión. La decisión final, de todos modos, será del Consejo de la Magistratura que, cuando consultó por Culotta a las cámaras Electoral y la Federal de La Plata, desoyó las objeciones y lo nombró igual. En ese organismo se desempeña uno de los hijos de Mahiques como representante del Poder Ejecutivo.
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RIQUEZAS NATURALES OFRECIDAS COMO AVAL DE LA DEUDA EXTERNA. RENUNCIA A LA INMUNIDAD SOBERANA
Denuncian a Macri por abuso de garantías
Por dos decretos de este año, el Ejecutivo habilitó a que las riquezas y recursos naturales puedan ser considerados como garantía del pago de la deuda externa. Tres letrados denunciaron al Presidente por defraudación y abuso de autoridad.
Luis Caputo, ministro de Finanzas. También fue involucrado en la denuncia de Barcesat, Corti y Cholvis.
Los recursos hidrocarburíferos, el litio, otros recursos minerales estratégicos y las empresas del Estado quedaron fuera de la protección de inmunidad soberana contemplada en las emisiones de deuda externa y, por lo tanto, pasaron a ser pasibles de embargo y ejecución en una hipotética disputa legal con acreedores externos. Los abogados Eduardo Barcesat, Jorge Cholvis y Arístides Corti sostienen que esa posibilidad quedó habilitada por los decretos 29 y 231 de 2017. “Son precisamente esos recursos y riquezas naturales los que resultan la garantía del pago de la deuda externa que se contrae por los decretos impugnados, traicionando la manda de la Ley Suprema de la Nación”, advierten los letrados en el texto de la denuncia que realizaron contra el presidente Macri por defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad. La demanda, que recayó en el Juzgado Federal Nº1 a cargo de María Romilda Servini de Cubría, también alcanza al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el titular de Finanzas, Luis Caputo. “Ni la dictadura se atrevió a tanto”, advirtió el bloque de diputados del Frente para la Victoria ayer a través de un comunicado. 
 “La deuda en moneda extranjera que está contrayendo el gobierno es insostenible. Es evidente que en línea con la entrega de soberanía, el endeudamiento está embargando a generaciones futuras de argentinos, y sólo sirve para financiar la fuga de divisas”, advierten los abogados denunciantes. El recorrido de la deuda, el default, la posterior renegociación, los juicios e intentos de embargos sobre activos argentinos de fondos buitre expusieron los costos de la cesión de soberanía jurídica. Los fondos buitre pudieron hacer juicios contra Argentina porque los bonos fueron emitidos bajo la jurisdicción de Estados Unidos o Inglaterra.
La misma lógica fue replicada por el Gobierno cuando, a comienzos de año, habilitó la emisión de nueva deuda externa por 20.000 millones de dólares. En ese decreto, las autoridades habilitan a “incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en Nueva York y/o Londres, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los acuerdos que se suscriban y a las emisiones de deuda pública que se realicen con cargo al presente decreto”.
 El texto de la norma precisa que “la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de los bienes que se detallan a continuación”. Entre los diez ítems mencionados figuran los Artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial de la Nación. Barcesat, Cholvis y Corti explican en su presentación judicial que “los bienes individualizados por el artículo 234 del Código son los que se encuentran fuera del comercio, y los del artículo 235 son los pertenecientes al dominio público, como ser el mar territorial, aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos; ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, lagos y lagunas navegables; islas que se formen en el mar territorial; el espacio aéreo supra yacente al territorio y aguas jurisdiccionales; las calles, plazas caminos, canales, puentes; etc”. 
Los denunciantes remarcan que el decreto “deja expresamente al margen el principio de la inmunidad soberana con respecto a los bienes del artículo 236 del Código Civil y Comercial, que son los bienes del dominio privado del Estado nacional, provincial o municipal”. Entre los bienes contemplados en ese artículo figuran “las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería” y “los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier título”. Por eso, los denunciantes consideran que “claramente quedan fuera de la protección de inmunidad de ejecución por ejemplo, los recursos hidrocarburíferos, el litio y otros recursos minerales estratégicos de los cuales el país contiene importantes yacimientos. También las empresas del Estado”. Los denunciantes advierten, además, que las normativas con las cuales el gobierno salió al mercado habilitaron la ejecución de bienes localizados en el territorio nacional, una situación que estuvo bloqueada durante la disputa con los buitres.
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Se va por el hecho en si no sobre la inconstitucionalidad, el acuerdo no es valido sin la aprobación del congreso, los decretos sobre impuestos, tratados internacionales deben ser aprobados por las camaras.
 Los prestamistas son tambien responsables , un pais no puede renunciar a la Inmunidad soberana sin acuerdo del congreso.


27 de abril de 2017

LAS CANASTAS DE POBREZA E INDIGENCIA DEL INDEC AUMENTARON POR ARRIBA DEL ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
La inflación es alta, pero para los pobres es peor
Según el Indec, las canastas básica y alimentaria se encarecieron 3,05 por ciento en marzo, cuando la inflación fue del 2,4.
El valor de la canasta básica total trepó desde 13.155 pesos en diciembre a 14.090 en marzo, un 7,1 por ciento.
El aumento de precios en alimentos y servicios encareció durante marzo 3,05 por ciento el valor de las canastas básicas requeridas por una familia tipo para no ser considerada pobre o indigente, según cifras oficiales. El incremento de estas cestas de bienes de primera necesidad se ubicó más de medio punto porcentual por encima del 2,4 por ciento de inflación promedio que también informó el Indec para marzo. Una familia con cuatro miembros (dos adultos y dos menores) requirió de 14.090,52 pesos para no caer en la pobreza por ingresos, mientras que con la misma composición se necesitó de 5798,57 pesos para no ser indigente, ambas con la misma suba mensual. Respecto de un año atrás es imposible hacer la comparación, debido a que el gobierno mantuvo el apagón estadístico desde que asumió hasta abril del año pasado, los meses de mayor impacto de la devaluación en los precios internos. El índice de precios minorista porteño, que se acerca al comportamiento de estas canastas, arrojó en marzo pasado un alza de 2,9 por ciento contra febrero y 35 por ciento interanual. 
En marzo comenzó a regir el segundo ajuste consecutivo en la tarifa eléctrica que el gobierno desdobló entre febrero y el mes pasado para evitar que todo el peso recayera sobre los días de mayor consumo por las altas temperaturas. Como resultado, los usuarios de Edesur y Edenor experimentaron aumentos en sus boletas de luz de entre 61 y 148 por ciento, que impactaron en el IPC porteño a través del rubro Vivienda, con 1,1 punto porcentual de la variación en el mes. En el trimestre, la inflación acumulada ascendió a 7,1 por ciento, según el ente porteño, mientras que para el Indec ese incrementó fue del 6,2 por ciento. 
Para la medición del Indec, la suba del IPC durante marzo también estuvo impulsada principalmente por los rubros Educación (5,6 por ciento), Indumentaria (4,8), Alimentos y Bebidas (3,0) y Vivienda (2,2). La inflación núcleo, la cual excluye a los precios regulados y estacionales, fue de 1,8 por ciento ante febrero previo, lo que mantiene un piso alto para el año. El Gobierno insiste en la posibilidad de cerrar 2017 con una inflación que no supere el techo del 17 por ciento anual, aunque en sólo tres meses ya se alcanzaron más de dos tercios (36,5 por ciento) de ese objetivo.
El ente estadístico que conduce Jorge Todesca informó ayer las canastas básica alimentaria y total (que incluye servicios). Para una familia compuesta por un hombre de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8 años, se requirieron 5798,57 pesos para cumplir con la alimentación necesaria para no ser considerado indigente. En lo que va del año esa canasta se incrementó en un 6,2 por ciento respecto de los 5458,86 que costaba en diciembre, cifra cercana a la inflación del período informada por el Indec. En caso de la canasta básica total que incluye servicios, movilidad y la indumentaria mínima que una familia necesita para no ser pobre, asciende a 14.090,52 pesos, un 7,1 por ciento por encima de los 13.155,83 de diciembre, un incremento similar al informado por el ente estadístico porteño.
Si se calcula el acumulado respecto del dato de abril -aumento de los últimos once meses- la canasta alimentaria acumula para una familia tipo un alza de 24,5 por ciento, mientras la básica total, que incluye servicios y otros no alimentarios, un 23,9. 
Pese al impacto de los tarifazos en el bolsillo, la suba de precios no se circunscribe a factores coyunturales como el aumento de los servicios, por lo que el endurecimiento de la política monetaria no basta para alcanzar los resultados prometidos por el gobierno. Por el contrario, la inflación es el resultado de la aplicación de una serie de medidas que mantiene la tensión en los precios, la cual impacta en mayor medida en los sectores de menores recursos debido a que dedican una parte más importante de sus ingresos a la compra de alimentos y servicios de primera necesidad. 
Estimaciones de consultoras y asociaciones de consumidores aseguran que se mantiene la tendencia inflacionaria en alimentos que componen la canasta básica. La asociación Consumidores Libres relevó en la primera quincena de abril un incremento de 1,5 por ciento en esa canasta que incluye 38 artículos de supermercados y comercios minoristas. Según la medición, entre los productos que más subieron se encuentran naranja (13,9 por ciento), papa (12,1), asado (6,4), tapa empanada (5,8), carnaza (5,2), leche (4,9), falda (3,1), manteca (2,62), detergente (2,5) y yerba mate (2,41), entre otros.
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RESPUESTA DE LOS GREMIOS DOCENTES A VIDAL
"Convoca por los medios, pero a nosotros no nos dice nada"
La gobernadora bonaerense anunció en un acto que llamará a los maestros a una nueva reunión el próximo martes, pero ratificó su decisión de descontarles los días de paro. Los sindicatos le salieron al cruce.
María Laura Torre, del Suteba, dijo que es "vergonzozo" que no se discuta la pérdida del poder adquisitivo.
La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, convocó a los gremios docentes a una nueva reunión el próximo martes, en el marco del anuncio de la extensión del boleto estudiantil, y adelantó que apelará el fallo que la obliga a devolver los descuentos a los maestros por los días de paro porque "no se puede pagar un trabajo no realizado". Desde Suteba, sin embargo, expresaron que todavía no recibieron ninguna comunicación formal para sentarse a dialogar después del “vergonzoso” último ofrecimiento del gobierno provincial, del 20 por ciento a pagar en cuatro cuotas, y dijeron que exigirán que el gobierno cumpla la ley.
“El gobierno se comunica a través de los medios, pero a nosotros nunca nos dice nada”, explicó a Página/12 María Laura Torre, secretaria gremial del SUTEBA, y resaltó además que es el ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, el que se tiene que encargar de convocar a las partes.
"Tenemos prevista una convocatoria para el día martes", dijo Vidal, acompañada por el ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich, durante el discurso en el que también anunció que pidió al ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, que apele el fallo de la jueza María Ventura Martínez que ordenó reintegrarles a los docentes el dinero descontado por haber adherido a los paros del sector.
Antes incluso del anuncio de Vidal, Suteba había reclamado durante una conferencia de prensa que no los habían llamado desde el último encuentro."No nos han convocado tal como habían anunciado la semana pasada. No nos llaman porque no quieren acordar con los docentes", señaló el secretario general del gremio, Roberto Baradel. 
Torre adelantó a este diario cuáles van a ser las peticiones del gremio en caso de que finalmente se concrete el nuevo encuentro y detalló que, por un lado, discutirán el aumento salarial porque “es vergonzoso que estando a fines de abril todavía se estén discutiendo cifras sin tener en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de 2016” pero también será central para ellos hablar sobre el depósito de los descuentos. “Esperemos que se concrete el martes el encuentro, vamos a estar ahí y vamos a exigir que se cumpla el fallo de la justicia porque si no lo cumplen o no se resuelve la situación en esta nueva reunión, estaríamos cobrando alrededor de 1500 menos que el último mes “, resaltó.
Por otro lado, expresó que pondrán otro tema sobre la mesa que también les preocupa: la falta de nombramiento de los cargos docentes, que dependen del Estado. La secretaria gremial del Suteba contó que desde el gremio hicieron un relevamiento en 20 distritos y que constataron que hay entre 7500 y 10000 alumnos sin clases por este motivo y por cuestiones de infraestructura. “De eso tendría que haber hablado hoy, de lo terrible que es que esos alumnos no tengan clases por estas cuestiones", y agregó: "Hay alumnos de jardines de infantes que están anotados y no tienen aulas porque el Estado está ausente". 
La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, también se refirió a las declaraciones de Vidal y consideró que será difícil llegar a un acuerdo en la nueva reunión porque “los números que están dando vueltas no conforman un salario digno”.
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TRUMP DIJO QUE MACRI “ES UN GRAN LÍDER”
"Yo le voy a hablar de Corea del Norte , él me va a hablar de limones"
Luego de compartir un almuerzo en la Casa Blanca y de prodigarse elogios mutuos, los presidentes de Estados Unidos y la Argentina, Donald Trump y Mauricio Macri, firmaron una declaración conjunta en la que el primero expresó “su beneplácito por las reformas políticas y económicas recientemente implementadas por el Gobierno de la Argentina, que han mejorado el clima de inversiones”.
Macri, por su parte,  le aseguró a su colega norteamericano que ambos países tienen “mucho para construir juntos”, y lamentó que se hayan producido “desencuentros inentendibles en el pasado” en la relación bilateral, sin que quedara claro si se refería a los frustrados negocios privados de ambos mandatarios o las relaciones entre ambos países.
“Apostamos a una relación inteligente, de mutuo beneficio; tenemos mucho para construir”, se entusiasmó el jefe de Estado poco antes del primer encuentro entre ambos.
Tras la reunión, de acuerdo con el comunicado de Presidencia “ambos líderes subrayaron su compromiso continuo con la expansión del comercio y las inversiones entre la Argentina y los Estados Unidos”, e instruyeron a sus respectivos gabinetes “para que tracen de manera expeditiva un camino hacia la resolución de cuestiones agrícolas bilaterales de acuerdo con principios científicos y estándares internacionales”.
 Según Presidencia, “también se comprometieron a fortalecer la relación entre los dos países para combatir el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y otras actividades financieras ilícitas”, y reconocieron la “importancia de la cooperación en política cibernética”.
Más adelante, manifestaron “su fuerte preocupación por la deteriorada situación en Venezuela y acordaron trabajar estrechamente para preservar las instituciones democráticas en ese país”.
 En otro orden, se ratificó la puesta en marcha, a partir de la próxima semana, del Programa Global Entry de Pasajeros Confiables, que facilitará “la entrada expeditiva a través de los puntos de ingreso a los Estados Unidos de viajeros argentinos de bajo riesgo y sujetos a una verificación de seguridad previa”.
 Por último, Trump entregó una nueva partida de documentos desclasificados relacionados con las violaciones a los derechos humanos en la Argentina durante la dictadura militar, que había comenzado su predecesor, Barack Obama, y que confirmaron el plan sistemático de represión ejecutado por la última dictadura cívico militar y eclesiástica argentina y el rol que cumplió Washington en el denominado Plan Cóndor en la región.
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26 de abril de 2017

POTOCAR, JEFE DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD, QUEDÓ DETENIDO ACUSADO DE LIDERAR UNA ASOCIACIÓN QUE PEDÍA COIMAS
De la jefatura de Policía al calabozo
Mientras el gobierno porteño continúa defendiendo su designación, José Potocar fue detenido como presunto líder de una banda que cobraba para proteger a cuidacoches y comercios. La oposición reclama que el ministro de Justicia dé explicaciones en la Legislatura.
Potocar estaba al frente de la Dirección General de Comisarías cuando ocurrieron los delitos.
El primer jefe de la Policía de la Ciudad, José Potocar, quedó detenido ayer acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que presuntamente pedía coimas a comerciantes y cuidacoches en Núñez. El gobierno porteño, que había suspendido a Potocar de sus funciones hace cuatro días, defendió la decisión de haberlo designado y confió en su pronto regreso al cargo, aunque el policía parece repetir el periplo de Jorge “Fino” Palacios, el primer jefe de la Policía Metropolitana. De todas formas, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró: “Dijimos desde el primer día que iba a haber tolerancia cero para los casos de corrupción”. Desde la oposición, cuestionaron el mecanismo con el que se eligió al jefe de la nueva policía y exigieron que el ministro de Seguridad, Martín Ocampo, dé explicaciones en la Legislatura. De momento, no concurrirá.
Potocar se presentó espontáneamente al Palacio de Tribunales junto con su abogado, Cristian Poletti, luego de que se conociera que el fiscal José María Campagnoli había solicitado su detención al juez Ricardo Farías. “No voy a quedar detenido porque voy a hacerme respaldar por todos, porque soy policía. Estuve en otros países, en Japón, Estados Unidos, Alemania y Francia, y hay respeto y consideración por el policía”, afirmó antes de ingresar. Entró, se enteró que el juez había firmado la orden y quedó detenido.
A Potocar se lo acusa de haber participado de una asociación ilícita para recaudar dinero de cuidacoches y comercios de distinto tamaño en Saavedra y Núñez a cambio de que no les ocurriera nada a los que pagaban. Cuando llegó ayer a la oficina del juez Farías, se le notificó que quedaba detenido e imputado por los presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita en calidad de jefe. Según informaron en el tribunal, Potocar entregó su pistola y su placa, y se negó a declarar. Su abogado, en cambio, aseguró que “se ofreció a contestar todas las preguntas, pero nadie le preguntó nada”. Aseguró que pedirá su excarcelación. Por ahora, fue alojado en dependencias de la Gendarmería.
Potocar estaba al frente de la Dirección General de Comisarías cuando ocurrieron los presuntos delitos, por los que ya hay otros seis policías detenidos. Entre ellos, la comisaria inspectora Susana Aventi y el subcomisario Marcelo Stefanetti. Todavía continúa prófugo el comisario Norberto Villarreal. En el despacho de este último, los investigadores secuestraron un cuaderno que indicaba cifras de recaudación y pagos (ver facsímil). Una de ellas se refería a “DGC”: se supone que aludía a la Dirección General de Comisarías, a cargo de Potocar. También hay declaraciones de subalternos que lo mencionan como parte del esquema de cobro de coimas. “En abuso de su posición de poder, Potocar brindó una colaboración fundamental sin la cual el desarrollo de este esquema no hubiera sido posible”, afirmó el fiscal Campagnoli en su pedido de detención.

Defensa PRO

En el gobierno porteño, decidieron suspender a Potocar ante la inminencia de una definición en la causa, pero continúan defendiéndolo hasta hoy.
“Potocar está suspendido provisoriamente. Hoy no es el jefe. Pero nada va a ocurrir hasta que la Justicia no se expida”, indicaron cerca de Larreta.
–¿Fue un error designarlo?
–De ninguna manera. Potocar es ejemplar y no se conocía esta situación cuando se lo designó. 
En el Ministerio de Seguridad dieron una respuesta parecida: alegaron no conocer estos antecedentes, que fueron publicados por el periódico cooperativo Tiempo Argentino hace dos semanas. También advirtieron, ante los cuestionamientos opositores, que para designar a Potocar se recurrió a una cláusula transitoria de la Ley de Seguridad, que permitía nombrar al jefe de la Policía sin cumplir con el procedimiento de evaluación pública de antecedentes por diez días que estableció esa norma en su artículo 77. “Si se hacia así, el 1 de enero no ibas a tener un jefe de Policía para la nueva fuerza. De haber uno nuevo se hará lo que dice el artículo 77, porque esa cláusula era por una sola vez”, indicaron.
De todas formas, Larreta comenzó a despegarse del jefe de la Policía: “La Justicia avanza y es un poder independiente. Nosotros sabíamos que estaba mencionado en la causa y por eso tomamos la decisión”, indicó, sobre su suspensión, definida sorpresivamente el sábado pasado. “La Justicia tendrá que definir esa situación”, se desvinculó Larreta, a quien le toca enfrentar lo mismo que experimentó su antecesor con El Fino Palacios.
Contra los consejos de su círculo íntimo, Macri había designado a Palacios como el primer jefe de la Policía Metropolitana, lo que generó conmoción en el ámbito político y entre los familiares de víctimas de la AMIA. En su momento, Macri envió al entonces ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, a la Legislatura a decir que Palacios era “el mejor policía para conducir la Metropolitana”. Cuando el comisario fue procesado por el presunto encubrimiento al atentado a la mutual judía, Macri debió pedirle la renuncia. Duró tres meses en el cargo. A continuación, renunció su segundo, Osvaldo Chamorro, involucrado en la causa por las escuchas ilegales. 
El año pasado, la gobernadora María Eugenia Vidal se vio involucrada en una polémica con Elisa Carrió, quien acusó al jefe de la Policía bonaerense, Pablo Bressi, de estar relacionado con el narcotráfico. No obstante, Vidal consiguió mantener en el cargo a Bressi, algo que Larreta no habría podido. Su principal estrategia es enterrar el tema, sacarlo de la agenda mediática y esperar que la oposición no reúna los votos para interpelar a sus ministros en la Legislatura.

Explicaciones

Desde la oposición, la estrategia es la opuesta. Ayer presentaron un pedido de citación al ministro de Seguridad para que brinde explicaciones en la comisión de Seguridad de la Legislatura. Lo firmaron el legislador de la Corriente Nacional de la Militancia Gabriel Fuks, el jefe del bloque kirchnerista, Carlos Tomada; la jefa del bloque peronista, María Rosa Muiños; Inés Gorbea, que conduce el bloque de Martín Lousteau; el jefe del Frente Renovador, Javier Gentilini; además de Adrián Camps, del Partido Socialista Auténtico, y Gustavo Vera, de Bien Común. Todos piden que Ocampo asista a “dar las explicaciones correspondientes sobre la suspensión del jefe de la Policía de la Ciudad y sobre la investigación en curso por presuntos hechos de corrupción”. Desde el entorno de Ocampo indicaron que, de momento, no tiene pensado concurrir. “Si el juez lo procesa, ahí se verá”, indicaron. 
En la sesión del próximo jueves, se discutiría la conformación de la Comisión de Seguimiento de la Etapa de Consolidación de la Policía de la Ciudad, a lo que accedería el bloque PRO. Se trata de una comisión estipulada en la ley que dio origen a la nueva fuerza. 
“La historia se repite. Otro Jefe de la Policía de la Ciudad fue detenido por estar involucrado en una causa de corrupción”, indicó Tomada. “Hoy se llega a esta nueva designación fallida, tras la negativa del gobierno porteño a responder el pedido del bloque del FpV porteño de realizar una audiencia pública previa, porque la audiencia pública está prevista por ley y la Policía de la Ciudad merece mecanismos transparentes, democráticos y participativos. Una vez más, el PRO debe asumir su responsabilidad por sostener una conducción opaca de la nueva Policía de la Ciudad”, indicó.
Gentilini también cuestionó la forma en la que se designó a Potocar. “No nos extraña que hoy tengamos que estar pasando por esta grave situación institucional”, advirtió. En tanto, Vera reclamó “que hable Potocar para que haya ‘mani pulite’ en comisarías. Detrás está Guillermo Calviño, que era jefe de los traspasados de la Federal y que tiene varias causas”. “Desde 2007 y 2008 –afirmó Vera– se ha verticalizado y masificado la recaudación en las comisarías de la Ciudad.”
Encarcelan a un funcionario PRO  por corrupto ...........puede que me equivoque pero suena raro .